11 de abril de 2017

Sesión académica a cargo de Lelio Mármora y Adriana Alfonso

Por Camilla Fabozzi

El especialista en migraciones Lelio Mármora analizó en su exposición la actual crisis de gobernabilidad causada por la situación migratoria en el mundo.

Mármora identificó tres rasgos principales: el aumento de los migrantes irregulares junto con el fin de la complementariedad poblacional respecto del pasado, por otro lado, el crecimiento de los negocios migratorios, refiriéndose tanto a la trata de personas como también a las agencias de seguridad y multinacionales y, finalmente, el restablecimiento del control fronterizo en espacios de libertad de movimiento.

Otra característica de la crisis actual es el incremento de la conflictividad social y la institucionalización del discurso racista en los partidos políticos. Este, sin embargo, es un fenómeno que Mármora considera ajeno a América del Sur, región donde no se ganan votos con la xenofobia.

A continuación, el orador examinó las dificultades de los estados para enfrentar la cuestión migratoria con los instrumentos tradicionales. Los desafíos se han acrecentado a causa de diversos factores, como la mayor facilidad de desplazamiento y de acceso a la información, el aumento de crímenes transnacionales, la presión del sector privado sobre la demanda de mano de obra calificada y la ampliación de los espacios de libre circulación.

Para finalizar, Mármora presentó cuatro posibles soluciones a la crisis: continuar con las políticas de securitización, las cuales aún no han dado resultados positivos; externalizar el control del tráfico migratorio, como el acuerdo UE-Turquía; retener los potenciales migrantes en sus lugares de origen, cooperando con dichos países para que sus ciudadanos no sientan la necesidad de migrar y, por último, incluir a los migrantes en los lugares de destino, para que puedan ser actores proactivos en la sociedad receptora y se pueda pasar de la tolerancia al respeto.

A continuación, Adriana Alfonso examinó la normativa argentina. Se enfocó, en primer lugar, en la Ley 25.971 de 2004 y, en segundo lugar, en el Decreto 70/2017.

De acuerdo con Alfonso, la Ley 25.971 tenía las virtudes de haber sido sancionada por unanimidad y plasmar la realidad y la experiencia nacional. Según su punto de vista se entendió, de hecho, que una política centrada en controles de seguridad no era eficaz y que medidas altamente restrictivas solo aumentaban la irregularidad, como testimoniaban las sucesivas amnistías que se promulgaron.

Un avance importante se dio con la propuesta del Acuerdo sobre Residencia del Mercosur de 2002, que facilitó la regularización de residentes del área. La nueva ley de migraciones, que modificó la llamada Ley Videla, fue presentada por el gobierno como una ley "amplia y generosa" y como un "cambio de paradigma" de la seguridad a los derechos humanos. Alfonso, sin embargo, afirmó que hubiera sido más apropiado hablar de una ley que equilibrara entre los objetivos de derechos humanos y de seguridad.

La modificación de la ley por el Decreto 70/2017 se focalizó en el tema de seguridad y en el problema de la dilación de los tiempos de expulsión.

En conclusión, Alfonso remarcó que una ley de migraciones o medidas de seguridad no es una política migratoria y expresó que la Argentina necesita una política migratoria que tenga una visión integral, con la cooperación de las provincias y la creación de un fuero migratorio especializado como previsto por ley.

En definitiva, para Alonso es necesario salir de una política de gobierno y desarrollar una política de Estado.

Lelio MármoraLicenciado en Sociología (Universidad de Buenos Aires) y Doctor en Sociología (Université de Paris). Profesor de la Universidad de Buenos Aires, el ISEN y la Universidad Nacional de Tres de Febrero. Es Director del Instituto de Políticas de Migraciones y Asilo de la UNTREF, Director de la Maestría en Políticas y Gestión de las Migraciones (UNTREF). Ha sido Director del INDEC, Representante de la OIM para el Cono Sur y Director Nacional de Migraciones

Adriana AlfonsoAbogada (Universidad de Buenos Aires), cursó la Maestría de Políticas Migratorias Internacionales de la UBA. Actualmente es funcionaria del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación y Comisionada representante del mismo Ministerio ante la Comisión Nacional de Refugiados (CONARE). A lo largo de sus 33 años como funcionaria de gobierno ha participado activamente en la formulación de políticas y programas migratorios. Es docente de la Universidad de Tres de Febrero y de la UBA