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La reunión se centró en el tratamiento de la cuestión Malvinas en el ámbito de la Asamblea General de las Naciones Unidas, las posibilidades de mediación y arbitraje y las implicancias de las recientes acciones y declaraciones de Argentina, el Reino Unido y Estados Unidos. Asimismo, se analizaron los riesgos de una eventual escalada y la necesidad de desarrollar una estrategia de largo plazo que articule los distintos instrumentos de la política exterior argentina.

En primer lugar, se repasó la evolución del tratamiento de la cuestión Malvinas en Naciones Unidas. Se destacó que las resoluciones relativas a la descolonización surgieron en los años 60’, a partir de la Resolución 1514 de 1960. En este marco, la Resolución 2065 de 1965 reconoció la existencia de una disputa de soberanía entre Argentina y el Reino Unido e invitó a ambos países a negociar, teniendo en cuenta los intereses de la población de las islas. Posteriormente, la Resolución 31/49 de 1976 solicitó a las partes abstenerse de adoptar medidas unilaterales que modificaran la situación mientras se desarrollaran las negociaciones, mientras que la Resolución 37/9 de 1982, luego del conflicto bélico, volvió a solicitar la reanudación de las negociaciones y la intervención del Secretario General. Se señaló que las resoluciones posteriores mantuvieron el llamado al diálogo, aunque desde 1983 la cuestión pasó a ser tratada principalmente en el Comité de Descolonización.

A partir de este recorrido, se analizó el valor de las resoluciones de la Asamblea General y su impacto sobre la disputa. Se destacó que el conflicto de 1982 no modificó jurídicamente la controversia de soberanía y que, pese a las distintas posiciones adoptadas por los Estados, la cuestión continúa siendo considerada una disputa pendiente. En este sentido, se remarcó la importancia de mantener el respaldo internacional alcanzado por Argentina y evitar acciones que puedan generar un deterioro de esa posición.

Uno de los principales ejes de la reunión fue la posibilidad de una mediación estadounidense. Se analizó que las recientes referencias de funcionarios estadounidenses a una eventual intervención deberían ser diferenciadas de una convocatoria concreta a reanudar negociaciones entre Argentina y el Reino Unido. También se planteó que una eventual mediación impulsada por Donald Trump podría perseguir objetivos propios de la política estadounidense y que Argentina debería evaluar cuidadosamente sus términos antes de aceptarla. Se destacó, en particular, la necesidad de establecer con claridad qué cuestiones podrían formar parte de una eventual mediación y cuáles deberían permanecer fuera de ella.

En relación con esta posibilidad, se diferenció entre mediación y arbitraje. Se señaló que la mediación constituye fundamentalmente un instrumento político destinado a acercar posiciones, mientras que el arbitraje supone un mecanismo jurídico en el que las partes someten una controversia a la decisión de un tercero. En este sentido, se destacó que Argentina y el Reino Unido no han aceptado ni rechazado formalmente la propuesta de arbitraje mencionada durante la reunión. También se consideró que cualquier mecanismo debería partir de cuestiones concretas y evitar generar efectos sobre la posición jurídica de las partes respecto de la soberanía.

Otro aspecto analizado fue el denominado “paraguas de soberanía”. Se explicó que este mecanismo surgió a partir de acuerdos concretos, como los alcanzados en materia de comunicaciones en 1971 y posteriormente en cuestiones de pesca e hidrocarburos, y que los acuerdos alcanzados bajo este esquema no implican una modificación de las posiciones de soberanía. Se remarcó, por ello, que el paraguas no constituye una fórmula aplicable automáticamente a cualquier cuestión y que debe existir un acuerdo específico entre las partes.

La reunión también abordó las recientes medidas argentinas frente a proyectos desarrollados en las islas, particularmente en materia de explotación de recursos. Se discutió el valor que pueden tener las sanciones, reclamos y acciones ante organismos jurídicos internacionales, y se destacó la necesidad de que estas medidas formen parte de una estrategia más amplia. Al mismo tiempo, se consideró conveniente evitar referencias o señales que puedan interpretarse como una posibilidad de escalada militar. En este sentido, se señaló que la incorporación de nuevos medios militares, como los F-16, debe ser entendida principalmente como una recuperación de capacidades perdidas y no como una transformación inmediata del equilibrio militar.

Un eje recurrente fue la necesidad de preservar las relaciones con Chile, Uruguay y Brasil. Se señaló que las presiones sobre los países vecinos pueden resultar contraproducentes y que deberían priorizarse mecanismos de cooperación y acuerdos, incluyendo los espacios regionales como el Mercosur. En particular, se destacó la importancia de evitar que los intereses económicos privados vinculados con las islas modifiquen las posiciones de los países vecinos y de sostener una política diplomática preventiva.

Asimismo, se planteó la necesidad de revisar la estrategia argentina sobre Malvinas. Se afirmó que, si bien existe una política sostenida a lo largo de sucesivos gobiernos y principios establecidos incluso constitucionalmente, no se ha mantenido una estrategia consistente para alcanzar objetivos concretos. En este marco, se propuso aprovechar la eventual oferta de mediación para avanzar en objetivos intermedios, sin pretender necesariamente resolver de manera inmediata la cuestión de soberanía. Esto requeriría determinar qué está dispuesto a conceder cada parte en cuestiones diferentes de la soberanía y articular los distintos instrumentos del Estado para modificar progresivamente la situación existente.

En este punto, se destacó la conveniencia de vincular los distintos intereses presentes en el Atlántico Sur. Se planteó que cuestiones como pesca, bases militares, inversiones, recursos naturales y acceso a los pasos interoceánicos pueden ser abordadas de manera diferenciada y, al mismo tiempo, integradas dentro de una visión estratégica más amplia. También se señaló que algunos temas dependen directamente del Gobierno británico, mientras que otros son administrados por las autoridades de las islas, por lo que resulta necesario identificar con precisión a los actores involucrados en cada cuestión.

Finalmente, se analizó el próximo escenario bilateral entre Argentina y Estados Unidos, particularmente ante la visita del vicepresidente estadounidense prevista para noviembre. Se consideró que, aunque la agenda tenga un componente predominantemente económico, Malvinas probablemente forme parte de las conversaciones. En paralelo, se destacó que las recientes declaraciones británicas mantienen una posición consistente con la estrategia histórica del Reino Unido, basada en la autodeterminación y en los deseos de la población de las islas.

Como conclusión, se remarcó la necesidad de actuar con paciencia, previsión y una estrategia de largo plazo, evitando generar crisis por errores de cálculo. La mediación estadounidense podría constituir un espacio para avanzar en cuestiones concretas, pero su eventual aceptación debería ser evaluada a partir de objetivos claramente definidos. Asimismo, se consideró fundamental fortalecer el diálogo diplomático entre Argentina y Estados Unidos, mantener una relación constructiva con los países vecinos y evitar que la dimensión militar ocupe un lugar central en el tratamiento de la disputa.

Por último, se incorporó una referencia histórica a la utilización de la mediación estadounidense por parte de Argentina. Se recordó que durante la presidencia de Julio A. Roca Estados Unidos intervino como mediador en la resolución de controversias entre Argentina y Chile y que, ya a fines del siglo XIX, Argentina había propuesto recurrir al arbitraje de una potencia amiga en relación con Malvinas. Esta experiencia histórica fue presentada como antecedente de la utilización de mecanismos de mediación y arbitraje como instrumentos de la política exterior argentina.