El Acuerdo de Escazú es considerado un hito para América Latina y el Caribe por tratarse del primer tratado ambiental de la región y el primero que incluye disposiciones específicas sobre los defensores de los derechos humanos relacionados con el ambiente.

El Acuerdo tiene por objetivo garantizar la implementación de los "derechos de acceso", los que agrupa en tres pilares: acceso a la información, acceso a la participación en los procesos de toma de decisión y acceso a la justicia, todos en asuntos ambientales. Asimismo, persigue el fortalecimiento de las capacidades nacionales y la cooperación en pos del desarrollo sostenible para las generaciones presentes y futuras.