* Licenciada en Relaciones Internacionales, con mención en Defensa Nacional y Seguridad Internacional (UNLA). Docente en la Universidad Nacional de Lanús. Coordinadora en Fundación Politeia Argentina. Correo de contacto: florenciamendieta628@gmail.com

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1. ¿Tensiones en aumento?

Ante la existencia de intereses geopolíticos superpuestos, la Antártida se encuentra regulada por el Sistema del Tratado Antártico (STA) desde 1961, compuesto por una serie de elementos legales y órganos de toma de decisiones que ha permitido evitar conflictos territoriales y de soberanía en la región, creando un marco institucional entre las partes consultivas. Asimismo, cada año se celebra una Reunión Consultiva del Tratado Antártico (RCTA), en la que se realizan interconsultas de mutuo interés entre los Gobiernos, medidas o recomendaciones que aportan a mantener los objetivos y los principios del Tratado Antártico (TA). Dentro del STA, se encuentra el Protocolo al Tratado Antártico sobre Protección al Medio Ambiente, también conocido como Protocolo de Madrid, el cual entró en vigor en el año 1998 y será revisado en el año 2048 (Zingoni Vinci, 2020, p. 90).

La importancia geopolítica de la Antártida radica en su ubicación estratégica, lo que le proporciona un acceso privilegiado a todo el hemisferio sur. Su valor estratégico se encuentra vinculado tanto a las potencialidades del continente para proveer recursos naturales y energía como a su rol de regulador del clima mundial. En base a las prohibiciones de las actividades vinculadas a los recursos naturales, este protocolo establece que “cualquier actividad relacionada con los recursos minerales, salvo la investigación científica, estará prohibida” (Secretaría del Tratado Antártico, 1991, art. N.o 7). No obstante, Morales (2025) sostiene que, si bien la región permanece bajo el paraguas de un régimen jurídico en el que prima la cooperación científica y la no militarización, es posible evidenciar potenciales tensiones ante el vencimiento del plazo establecido por el Protocolo de Madrid (2048), el cual prohíbe la explotación de recursos minerales (p. 202). Es a partir de esa situación que emergen las preocupaciones entre las partes consultantes, por lo que es preciso cuestionarse lo siguiente: ¿el statu quo del STA está en riesgo? ¿Significa una ventana de oportunidad para Argentina?