Por Juan Félix Marteau*

*Miembro consejero y director del Comité sobre Criminalidad Organizada Transnacional y Terrorismo del Consejo Argentino para las Relaciones Internacionales (CARI). Fue titular de la Representación Nacional ante FATF-GAFI y Coordinador Nacional para el Combate del Lavado de Activos y la Financiación del Terrorismo. El autor agradece a Guido Brunetti, Sebastián Martinenco y Nicolás Vergara de la Fundación FININT por haber discutido los argumentos, aportado ideas y revisado el texto final.

1. Introducción

Las medidas adoptadas por la Argentina para combatir el lavado de activos y la financiación del terrorismo, en cumplimiento de exigencias internacionales, han resultado ineficaces para contrarrestar las estructuras y circuitos ilícitos asociados a amenazas activas como el narcotráfico, el terrorismo y otras formas de criminalidad organizada que dominan sectores significativos de la economía clandestina nacional. A pesar de que el país participa del Grupo de Acción Financiera (GAFI) desde hace un cuarto de siglo, los funcionarios políticos de turno se han concentrado en evitar reprimendas por parte de dicho organismo mediante la sanción de nuevas normativas y la emisión de compromisos formales, sin afrontar con firmeza la pregunta por las causas que producen esa falta de resultados. Formular esta cuestión con realismo implicaría aceptar que el Sistema Nacional argentino surgido del estándar global presenta una inconsistencia tal que compromete el sentido mismo del modelo: la disrupción de las economías y las finanzas ilícitas no es sistémica ni nacional.