“No estamos perdiendo la guerra. En absoluto estamos perdiendo la guerra. La cuestión es si la ganaremos...”, declaró el presidente Volodimir Zelenski en una entrevista periodística el 20 de febrero, a cuatro días de cumplirse el cuarto aniversario de la invasión rusa a gran escala a su país y a doce años del comienzo de la guerra con la anexión de la península de Crimea y la ocupación de territorios en la región del Donbás (AFP Español, 2026).

En efecto, en esta guerra no hay aún ganadores ni perdedores definitivos. Lo que prevalece es la incertidumbre. Después de cuatro años de enfrentamientos, la “operación militar especial” lanzada por el presidente Putin en febrero de 2022, con la perspectiva de ocupar rápidamente Kyiv y cambiar el Gobierno en Ucrania, se ha extendido —inesperadamente— por la resistencia del Gobierno, el ejército y el pueblo ucranianos, y por el apoyo decidido de sus socios occidentales.

La guerra en Ucrania ha sacudido el continente europeo como nunca antes desde la Segunda Guerra Mundial. Ha fortalecido la alianza europea y occidental. Mientras los Gobiernos europeos se han visto obligados a elaborar nuevas estrategias y a reforzar sus sistemas de defensa, los ciudadanos europeos enfrentan el temor a una extensión de la guerra.

El conflicto no ha repercutido solamente en el continente europeo y el bloque atlántico occidental, desafiando su arquitectura de seguridad, sino que ha tenido derivaciones a nivel mundial, generando alianzas entre países que apoyan abiertamente a uno u otro de los combatientes y provocando reacciones y sanciones internacionales.

América Latina y el Caribe no ha sido una excepción a la regla: guiados por la ideología o por intereses estrictamente económicos o de defensa, los países de la región han adoptado en general una postura de condena a la agresión armada y a la violación de la integridad territorial de Ucrania —con excepción notablemente de Cuba, Nicaragua o Venezuela— al inicio de la invasión rusa a gran escala, pero sus acciones posteriores no han sido uniformes.

En el caso de la Argentina, el país ha mantenido, en el ámbito de organismos internacionales —Asamblea General y Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, Organización de Estados Americanos—, la posición de condena a la agresión rusa y sus consecuencias. En junio de 2023, el presidente Milei participó de la Cumbre por la Paz convocada por el presidente Zelenski, y la Argentina se unió al Grupo de Contacto de Defensa de Ucrania, o Grupo Ramstein, alianza voluntaria de 57 Estados para apoyar la defensa de ese país. El Gobierno argentino apoya también el plan de paz del presidente ucraniano y participa de la plataforma mundial para el retorno de los niños ucranianos desplazados a la Federación Rusa. Hoy están a consideración del presidente Javier Milei sendas invitaciones formales para visitar Polonia y Ucrania, las que podrían concretarse en el transcurso del presente año.

La guerra rusa en Ucrania es el conflicto más sangriento en Europa desde la Segunda Guerra Mundial. Aunque no hay cifras exactas sobre las bajas —entre muertos y heridos— de soldados y civiles de ambos lados, todas las estimaciones exceden las centenas de miles de personas —adultos y niños— fallecidas, discapacitadas, secuestradas o desaparecidas. Como resultado de sus últimas investigaciones, el Centro para Estudios Estratégicos e Internacionales (CSIS) confirma que el número de soldados rusos muertos y heridos alcanza los 1,2 millones desde el inicio de la invasión a gran escala en febrero de 2022. Esa cifra, “mayor que todas las bajas sufridas por cualquier gran potencia en cualquier guerra desde la Segunda Guerra Mundial”, no incluye el alto costo sufrido por la parte ucraniana, que se estima entre 500.000 y 600.000 bajas, entre muertos y heridos (Jones y McCabe, 2026).

No son menores otras heridas causadas por la guerra, tales como mujeres y niñas violadas por soldados, familias dispersadas por ocupaciones y evacuaciones y miles de niños y adolescentes ucranianos secuestrados por Rusia, adoctrinados en escuelas rusas y muchos de ellos dados en adopción a familias de ese país (Roldán Vázquez, 2024). Los incesantes bombardeos rusos sobre ciudades e instalaciones energéticas, que dejan a gran parte de la población sin calefacción ni energía eléctrica, han convertido uno de los inviernos más fríos de las últimas décadas en un verdadero martirio para la población civil de Ucrania.

Los últimos meses han visto también ataques ucranianos sobre instalaciones militares y aeropuertos rusos, cada vez más frecuentes. En 2025, ataques ucranianos sobre la infraestructura rusa de refinamiento y exportación de recursos energéticos comenzaron a mostrar sus efectos. Recientemente, Ucrania ha conseguido bloquear el acceso de Rusia a la red de Starlink, lo que seguramente incidirá en su capacidad de operar vehículos autónomos y algunos tipos de drones.

Basándose en la superioridad numérica del ejército ruso y el potencial de su arsenal militar, muchos analistas preveían una rápida victoria sobre un país vecino con recursos defensivos muy inferiores. Sin embargo, el avance de las tropas rusas ha sido lento, y sus resultados, magros. El informe del CSIS ya mencionado señala que, “en adición al lento ritmo de progresión, las ganancias territoriales de Rusia en los pasados dos años han sido modestas”. En 2024, las fuerzas rusas tomaron aproximadamente el 0,6 por ciento del territorio ucraniano; en 2025, tuvieron avances ligeramente mayores, tomando aproximadamente el 0,8 de Ucrania y recuperando aproximadamente 473 kilómetros cuadrados en la provincia rusa de Kursk, que había sido ocupada por el ejército ucraniano.

La asunción del presidente Trump en enero de 2025 y su anunciada decisión de obtener rápidamente la paz en Ucrania tuvieron un efecto de aceleración en las negociaciones de paz o, con mayor precisión, de un cese el fuego entre las partes, que hasta entonces habían carecido de continuidad y de resultados concretos —con excepción de acuerdos puntuales sobre intercambio de prisioneros—.

En el marco de las negociaciones trilaterales entre Ucrania, Rusia y los Estados Unidos iniciadas este año para llegar a un acuerdo de paz aceptado por las partes, los Gobiernos ruso y estadounidense presionan a Kyiv para que ceda a Rusia la estratégica región del Donbás como parte de un eventual acuerdo de cese el fuego. La cuestión territorial continúa siendo uno de los temas más complicados en dichas negociaciones. Lo ha sido desde el primer momento, ya que la población ucraniana —en su gran mayoría— se opone a la cesión de territorios y espera la recuperación a largo plazo de los territorios ocupados, incluyendo la península de Crimea.

En su intervención ante la Conferencia de Seguridad de Munich el 14 de febrero, el presidente Zelenski afirmó que dividir Ucrania para complacer a Rusia no traerá una paz real, y comparó la situación derivada de la invasión rusa con la invasión de Checoslovaquia por parte de la Alemania nazi en vísperas de la Segunda Guerra Mundial: “Sería ilusorio creer que la guerra puede acabarse de forma real dividiendo Ucrania, igual que fue ilusorio creer que sacrificar Checoslovaquia salvaría a Europa de una gran guerra”, afirmó (UATV English, 2026).

Pese a su centralidad, la cuestión territorial no es la única ni la más importante motivación del mandatario ruso en su decisión de agredir y ocupar un país vecino. El presidente Putin no reconoce a Ucrania como un país independiente con una identidad nacional propia: es lo que expresó claramente en el documento que publicó en julio de 2021, “De la unidad histórica entre rusos y ucranianos”. Su objetivo último es el de cambiar el Gobierno en Ucrania y controlar el país desde Moscú, evitando el ingreso de Ucrania a la órbita europea occidental y, en particular, a la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN) (Putin, 2021).

Asimismo, le preocupa, sin duda, la afianzada democracia ucraniana y el peligro de “contagio” a la ciudadanía rusa, a través de los múltiples lazos familiares, culturales y económicos entre los dos países (Roldán Vázquez, 2022). En esa esfera, tanto el presidente Putin como el presidente Trump han desafiado la legitimidad del mandato del presidente Zelenski, que —en condiciones de normalidad institucional— debía haber concluido en 2024. En Munich, el jefe de Estado ucraniano afirmó que, si hubiera un cese el fuego durante dos meses y se acordaran garantías suficientes, su país podría organizar elecciones. El plazo parece exiguo, ya que no podría efectuarse una convocatoria electoral sin una previa enmienda constitucional, puesto que, de acuerdo con la Constitución de Ucrania, no pueden celebrarse elecciones durante el estado de guerra. El Gobierno ucraniano requiere, además, como paso previo a las eventuales elecciones y a una paz definitiva, la extensión de garantías de seguridad “vinculantes” y “reales” de Occidente.

Por otro lado, aun existiendo la voluntad política para llevarlas a cabo, las elecciones serían obstaculizadas por las condiciones y consecuencias de la guerra: más de 4 millones de ucranianos exilados, más de 6 millones de desplazados dentro del país y cientos de miles de soldados en el frente de batalla, a lo cual se suman los ciudadanos ucranianos que viven en territorios actualmente ocupados por la Federación Rusa en el Donbás, Jersón, Zaporiyia y Crimea.

En relación con la aparente coincidencia de intereses de los Gobiernos ruso y estadounidense en el desarrollo de las negociaciones, mucho se especula sobre las relaciones entre el presidente Putin y el presidente Trump, cuya política vis a vis con Europa y, en particular, Rusia y Ucrania, difiere notablemente de la política aplicada por la Administración Biden, aun considerando las limitaciones y el desfase temporal de la asistencia económica y militar a Ucrania durante la presidencia demócrata. Sin embargo, pese a la intención del presidente estadounidense de acabar rápidamente con la guerra, en general, reclamando concesiones a Kyiv (territoriales y de accesión a la OTAN) y, en ocasiones, presionando a Moscú a través de sanciones económicas, las fluctuaciones de su política exterior han complicado la obtención de los resultados esperados, a más de un año desde su asunción.

En ese escenario, se discute también la pretensión de la Administración Trump de llegar a un acuerdo de cese el fuego antes de las elecciones de medio término en los Estados Unidos, como un objetivo de política interna del presidente estadounidense. Dado el estado actual de las negociaciones, ese objetivo parece difícil de alcanzar, si consideramos que las elecciones primarias en los Estados Unidos tendrán lugar entre marzo y agosto de este año.

Mientras se desarrollan las vacilantes negociaciones trilaterales, las partes se aferran a sus posiciones centrales: Ucrania afirma que no entregará los territorios aún bajo su control en el Donbás, Jersón y Zaporiyia y reclama garantías firmes y confiables para el período posterior al cese el fuego, a fin de que Rusia no pueda reanudar sus ataques. Al mismo tiempo, pide una definición sobre el ingreso de ese país a la Unión Europea, dado que, por el momento, su adhesión a la OTAN está firmemente suspendida. Al mismo tiempo, miembros prominentes del Gobierno ruso, como el canciller Serguei Lavrov y el mismo presidente Putin, recuerdan permanentemente que no habrá un acuerdo de paz, o de cese el fuego, si no se respetan los objetivos fundamentales de la Federación Rusa: el reconocimiento internacional de la soberanía rusa sobre los territorios que ha anexado, la promesa de que Ucrania no ingresará a la OTAN y el cambio de Gobierno en Ucrania.

La guerra rusa en Ucrania es, todavía, una historia con final abierto. Esperemos que ella concluya, en el más breve plazo posible, con una paz justa y duradera que respete los principios esenciales del orden jurídico internacional: la igualdad entre los Estados, el respeto a la independencia y a la integridad territorial de los países y el restablecimiento de la paz y la seguridad en Europa.