El artículo sostiene que las provincias argentinas cumplen un rol central y legítimo en la transición ecológica dentro del federalismo ambiental cooperativo. Desde una perspectiva técnico-económica, su papel se fundamenta en el dominio originario de los recursos naturales (Art. 124 CN). Esto les permite impulsar la bioeconomía, la transición energética y la adaptación al cambio climático. Además, pueden atraer finanzas sostenibles y desarrollar incentivos fiscales verdes.
Las provincias cuentan también con capacidad para implementar sistemas de trazabilidad y competir en mercados globales. Desde la perspectiva política, su cercanía territorial les otorga legitimidad para innovar institucionalmente y gestionar conflictos socioambientales. Asimismo, facilitan procesos participativos acordes a estándares como el Acuerdo de Escazú. En el plano jurídico, su rol se apoya en el sistema de competencias concurrentes entre Nación y provincias. En la proyección internacional, la paradiplomacia climática fortalece la implementación de compromisos como el Acuerdo de París.
Finalmente, se propone un pacto federal ambiental de segunda generación para consolidar una acción climática eficaz y justa.