El presente informe analiza de manera sistemática las votaciones de la República Argentina bajo la administración del presidente Javier Milei en la Organización de las Naciones Unidas (ONU), entre diciembre de 2023 y finales de 2025, identificando un cambio estructural y doctrinal respecto a su tradición diplomática. La nueva estrategia exterior, definida bajo el concepto de "alineamiento estratégico por afinidades ideológicas" e hiperoccidentalismo, se tradujo en una abierta ruptura con las prácticas históricas basadas en el multilateralismo, el pacifismo y la búsqueda de consensos globales. Este viraje se materializó en el cuestionamiento de la autoridad normativa de la ONU frente a instrumentos como la Agenda 2030, el distanciamiento de las iniciativas de acción climática en las COP y la adopción de posturas minoritarias o contra-mayoritarias en resoluciones críticas sobre derechos humanos y agendas de género.

La manifestación más contundente de esta reorientación fue el estrecho acople al patrón de votación de los Estados Unidos y el Estado de Israel, alcanzando un índice de coincidencia general con Washington que escaló del 39% en 2023 al 97% en 2024. Este alineamiento incondicional impulsó decisiones sin precedentes históricos, como el rechazo sistemático a las resoluciones humanitarias y de autodeterminación del pueblo palestino en el conflicto de Medio Oriente, el paso hacia una abstención táctica en la cuestión ucraniana para emular el giro de la administración de Donald Trump en 2025 y, de forma paradigmática, el primer voto en contra de Argentina en la historia frente a la resolución que exige el fin del bloqueo económico a Cuba tras el desplazamiento de la canciller Diana Mondino. Si bien este alineamiento busca favorecer las relaciones comerciales bilaterales con Washington, el informe concluye que introduce una marcada vulnerabilidad ante los vaivenes políticos norteamericanos y genera un riesgo severo de aislamiento frente a socios estratégicos regionales y globales.

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Introducción

El presente informe tiene el objetivo de ilustrar y analizar las votaciones del Gobierno
del presidente Javier Milei en el sistema de la Organización de las Naciones Unidas
—ONU, en adelante— correspondientes a los principales asuntos internacionales
abordados en el ámbito de la ONU: agenda multilateral, conflicto Israel-Palestina,
Ucrania y la integridad territorial, derechos humanos, bloqueo sobre Cuba, votos sobre
cese al fuego y medidas humanitarias, entre otros.
Para ello, en primer lugar, será necesario establecer un estudio comparativo entre las
votaciones del último periodo y el historial de sufragio argentino con el fin de
identificar consonancias o discrepancias. Particularmente, el análisis consistirá en un
relevamiento sistemático de las votaciones durante el periodo que va desde diciembre
de 2023, cuando comenzó el mandato de La Libertad Avanza, hasta finales del año
2025. En segundo lugar, se precisará el patrón de voto como reflejo del alineamiento. Y,
por último, una vez realizado dicho diagnóstico, en las conclusiones, intentaremos
determinar las tendencias en este accionar.

1. Pronunciamiento sobre tópicos

1.1. Agenda multilateral de la ONU

Históricamente, la República Argentina mantuvo una práctica de compromiso con el
multilateralismo en todas las esferas globales, no solo en el ámbito de la ONU. Esto
último se encontraba basado en la legitimidad y alcance que le reconocía el país. El
recorrido en este ámbito ha sido vasto, y abarca participaciones activas en relación con
la agenda climática, con la cooperación en materia de derechos humanos y respuestas
humanitarias, y también con el tono diplomático, teniendo en cuenta la importancia
otorgada a la construcción de reiteradas coaliciones.

Ahora la coyuntura es otra, y es claro el rumbo que quiere tomar la Administración de
Milei y su mirada sobre la organización multilateral por excelencia. El camino
representa una ruptura retórica y una aproximación con las iniciativas que engloban una
lucha en defensa de la libertad. En otras palabras, este escenario puede asemejarse a lo
que citan los especialistas en política exterior Laporte y Corigliano (2025) sobre el
término desautonomización, acuñado previamente por Tokatlian y Malacalza (2024). La
noción en cuestión no solo puede referirse a un cambio retórico, sino también a un
desmantelamiento de la “memoria institucional” de la política exterior, lo que genera un
debilitamiento de la posición argentina en la región y a nivel global (Laporte y
Corigliano, 2025).

La realidad que crea Argentina en el espacio multilateral es producto principalmente de
que su dirección exterior se presenta mediada por la noción de “alineamiento estratégico
por afinidades ideológicas”. Resulta evidente contemplarlo de dicha forma dadas las
continuas manifestaciones del Ejecutivo, en las que plantea que lo único válido es la
agenda de la libertad, la cual pone en continuo cuestionamiento la intervención
normativa de los organismos como la ONU. Por tanto, además de estimar la tendencia
última, este tipo de estrategia adoptada para la formulación de la política exterior
permite visualizar que lo relevante resulta ser la alianza con la posición política de
centroderecha mundial —en especial con Estados Unidos, la Italia de Giorgia Meloni y
el Estado de Israel— y el consecuente rechazo a Gobiernos de izquierda.

No obstante, en la práctica política per se, no ha sido estrictamente así. En particular,
porque el Ejecutivo ha tenido que enfrentar las necesidades que emergen de la posición
global que ostenta Argentina e intercalar con un pragmatismo diplomático, aun sin estar
del todo de acuerdo. Un claro ejemplo es el discurso moderado hacia China que se vio
obligado a exponer el Gobierno actual tras la relevancia que tiene este último actor
como principal socio comercial del país. De esta manera, el punto recae en que la

Administración tiene que aceptar las conocidas dependencias, los límites y los
compromisos que heredó de tiempos anteriores y virar hacia un estilo más asertivo.
Asimismo, es menester explicar que, por medio del eje ideológico rector previamente
mencionado, la república no solamente realizó un cambio retórico, sino que además
ejecutó una actuación formal que produjo un conjunto de desavenencias con respecto a
los factores mencionados al inicio del apartado. En cuanto al aspecto referido a la
legitimidad de la ONU, Argentina pasó de aceptarla firmemente como foro genuino
para articular respuestas a nivel global a considerarla impotente en brindar soluciones a
los verdaderos flagelos mundiales (Oficina del Presidente, 2024). De hecho, el jefe
máximo responsable de la diplomacia nacional —el presidente de la nación, en función
del artículo 27 de la Constitución Nacional— explicitó el cuestionamiento de la
autoridad normativa de la propia y rechazó los instrumentos políticos emanados e
impuestos por ella. Estos son los correspondientes a la Agenda 2030 y al Pacto para el
Futuro. En definitiva, el resultado es tanto una disociación política en base a una crítica
sin precedentes como una activa participación en iniciativas y foros por fuera de las
Naciones Unidas y de instituciones tradicionales.

Luego, en términos climáticos, la república convirtió su adhesión tradicional al Acuerdo
de París y la respectiva presentación continua de los planes de acción climática,
conocidos también como Contribuciones Determinadas a Nivel Nacional —NDC, por
sus siglas en inglés—, en muestras públicas de distanciamiento de aquellas iniciativas
que incluyen objetivos de este ámbito. Esto se pudo ver con el retiro de la delegación
diplomática en medio de la Conferencia de las Partes de la Convención Marco de las
Naciones Unidas sobre el Cambio Climático en septiembre del 2024 (DW, 2024),
dejando solamente algunos funcionarios en áreas técnicas, así como la presencia
discreta en la COP30, llevada a cabo en Brasil el pasado noviembre, donde el foco de la
Argentina estuvo puesto en conseguir financiamiento para proyectos climáticos y su
manifestación de interés en el desarrollo y participación en los mercados de carbono.
Siguiendo el mismo orden, con respecto a la cooperación multilateral en materia de
derechos humanos y todo tipo de respuestas conjuntas humanitarias, Argentina viró
desde un respaldo histórico a los pronunciamientos de este estilo en diversas ocasiones
hacia una tendencia de voto que lo conforma como de la minoría que rechaza las
disposiciones mayoritarias. La situación que ejemplifica este accionar es la expresión
del Ejecutivo sobre el asunto humanitario en Gaza. Claro está que existen motivos más
que evidentes de por qué el Ejecutivo actual decidió romper con la tradición en este
tópico. Se trata de la rigurosa convergencia con el Estado de Israel y Estados Unidos.

Por último, considerando la forma en la que la nación argentina utilizó al
multilateralismo en el ámbito de la ONU, es notorio que se ha consolidado un
desplazamiento significativo del concepto “espacio de construcción de consenso
global”. En cambio, lo que ha estado emergiendo a través de las expresiones de los
funcionarios representantes del Gobierno federal es una nueva estrategia de
alineamiento diplomático que pondera la búsqueda de alianzas de libertad, prioriza
intereses comerciales y elige el alejamiento de consensos previos alcanzados por la
Asamblea General. En otras palabras, se trata de una situación que demuestra una
oscilación entre una armonización con Estados Unidos y una política de silla vacía,
absteniéndose tanto de votar como de participar en muchas de las instancias. Una clara
ilustración son las líneas críticas que le dedicó el alto mandatario Milei durante el 80.º
periodo de sesiones de la Asamblea General a la organización (Oficina del Presidente,
2025). Estas se refirieron a que el modelo de organismo virtuoso que signaba por la
necesidad de paz y que se fundaba en la cooperación entre Estados se vio reemplazado
por uno supranacional de burócratas internacionales.

 

1.2. Conflicto Israel-Palestina

A lo largo de la evolución cronológica del enfrentamiento entre ambos pueblos durante
el siglo XX, Argentina se mostró, en primer lugar, más afín a la respuesta pacífica, y
luego su postura se tradujo en favor de los palestinos. La primera parte de la
proposición puede evidenciarse en las constantes de la política exterior de Ferrari
(1981) y, sobre todo, en las variables de pacifismo y aislacionismo. Mientras que la
segunda parte está provocada por la acción de votar con la mayoría que reclama
medidas específicas contra las actuaciones conflictivas —en este caso, las israelíes—.
En especial, es por medio de los pronunciamientos de la república en las resoluciones de
la ONU de 1947, 1948, 1967, 1973, 1980, entre otras, que se podrá visualizar esta
tendencia.

En 1947, con respecto a la temática del Plan de partición para Palestina, Argentina se
abstuvo, indicando una decisión que seguía una lógica de neutralidad/aislacionismo
(Asamblea General de las Naciones Unidas [AGNU], 1947). Un año después votó a favor en la resolución acerca del regreso de refugiados palestinos y su potencial
compensación; este hecho se constituyó como una de las piedras angulares de la
cuestión histórica “refugiados palestinos” y el consecuente reconocimiento tácito hacia
el bando de Palestina (AGNU, 1948). Años más tarde, se dio otra respuesta nacional
favorable a las pretensiones árabes, después de que los representantes argentinos
adoptaran la resolución 242, que exigía la retirada de las fuerzas israelíes de territorios
ocupados durante la guerra de los Seis Días (Consejo de Seguridad de las Naciones
Unidas [CSNU], 1967). En 1973, se hizo otra solicitud de cese al fuego y, pese a que
Argentina no era miembro del Consejo de Seguridad, de igual forma se pronunció a
favor del pueblo árabe y ratificó la aplicación de la anterior resolución 242 a través de
declaraciones por fuera del sistema ONU (CSNU, 1973). Posteriormente al año 1980, la
Cancillería argentina se manifestó en sintonía con la disposición normativa de las
Naciones Unidas N.º 478 sobre el no reconocimiento del Basic Law sobre Jerusalén
(CSNU, 1980). Esta declaró nula la decisión unilateral de Israel de pretender alterar el
estatus de Jerusalén.

El asunto en cuestión se abordó durante el siglo XXI durante tres periodos distintos. En
el primero, la estrategia fue similar a la adoptada durante la mayoría del siglo XX, con
una excepción; en el que le sigue, no hubo un cambio significativo en relación con el
pronunciamiento nacional, sino que el periodo fue más bien de transición; finalmente, el
tercero incorporó una aproximación que rompió con todo lo tradicional y lo histórico.
Así pues, el primero transcurrió hasta 2015 y se retrotrajo a la lógica de la paz y el
aislacionismo. No obstante, existía una singularidad, y es que hasta puede ser
considerado el momento en el que la república más extendió la mano a Palestina. Esto
se debe a dos circunstancias. En primer lugar, al asentimiento argentino por fuera del
procedimiento regular sobre la resolución 2334 acerca de la declaración de que las
transferencias de población israelí en los territorios ocupados carecían de validez legal y
constituían un obstáculo para la paz, posicionándose estrictamente en contra de la
postura israelí (CSNU, 2016). Y, en segundo lugar, al reconocimiento expreso de
Estado libre e independiente que realizó el Gobierno de la presidenta Fernández de
Kirchner en 2010 para con Palestina (Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio
Internacional y Culto [MRECIC], 2010). Sin embargo, siguiendo el mismo orden, es
menester aclarar que estas acciones unilaterales estaban en concordancia con factores de
política exterior tradicionales argentinos, como el pacifismo y la evasión por medio del 
derecho, entendido como el proceso de arreglo de disputas internacionales mediante
mecanismos jurídicos; por ende, no eran el resultado de una clara posición pro-
Palestina. De hecho, ambas se congregaron en forma de conclusión y representación del
apoyo nacional permanente a las iniciativas compartidas por la comunidad internacional
dirigidas a obtener una solución justa, pacífica y definitiva del enfrentamiento palestino-
israelí.

Posteriormente, entre 2015 y 2023, se sucedieron dos Gobiernos con visiones
ideológicas diferentes, pero que aportaron abordajes análogos con respecto a la
tradición argentina. En otras palabras, adoptaron el aislacionismo y la evasión por
medio del derecho, en términos de Ferrari (1981): el Gobierno del presidente Macri se
concentró en ciertas pautas, como el destaque de la globalización y la cooperación
internacional, y el del presidente Fernández, en reproducir la política exterior hacia la
contienda en Medio Oriente que se aplicó durante la primera década del siglo XXI.
Ahora bien, lo interesante surge una vez que Javier Milei acendió al poder, en diciembre
del 2023, y decidió girar 180 grados y romper con el historial diplomático vinculado a
la región en cuestión. A partir de dicho momento, los resultados que pudieron ser
visibles fueron provocados por el abandono consolidado de la constante tradicional
aislacionista antes explicada, que devino en el posicionamiento contramayoritario de los
consensos generados por la ONU y a favor del Estado de Israel. Las modificaciones que
se plantearon y que hasta el día de hoy continúan vigentes son en torno a la ruptura clara
respecto de la pauta multilateral previa, que recaía primero en la paz y posteriormente,
de manera natural, en favor del pueblo palestino. En otras palabras, se pasó de un punto
de vista afín a los votos de respaldo o neutralidad a un apoyo y alineamiento estricto
con Israel. Algunos ejemplos que materializan esta perspectiva estratégica son los
sufragios en contra sobre los tópicos de protección de civiles y obligaciones
humanitarias en diciembre de 2023; los derechos ampliados para el Estado de Palestina
y la recomendación simbólica para su admisión total en mayo de 2024; la solicitud de
cese al fuego en Gaza en diciembre de 2024, y la afirmación del derecho del pueblo
palestino a la autodeterminación y al establecimiento de un Estado independiente en
diciembre de 2025, entre otras. En adición, continúa sobre esta línea lo que sucedió en
junio de 2025 con respecto al anuncio consolidado por parte de Javier Milei de trasladar
la oficina diplomática argentina en Israel a la ciudad de Jerusalén (Oficina del
Presidente, 2025).

En resumen, el porqué de este giro encuentra su explicación en las mismas razones
esbozadas en el apartado anterior. Fundamentalmente, a partir del cambio de eje
político-ideológico que decidió el Ejecutivo. Esto último se suma, en conjunto, a la
solidaridad y el vínculo que posee el jefe de Estado argentino con la creencia y
costumbre judía.

 

1.3. Ucrania y la integridad territorial

La inclinación argentina ha sido de continua defensa y citación de los principios de la
Carta de las Naciones Unidas, en especial, aquellos que hacen al tópico de soberanía e
integridad territorial. No obstante, cabe destacar que las formas en las que ha expresado
su compromiso han variado según el Gobierno.
El recorrido histórico conduce a advertir que el sujeto protagonista de este apartado no
existía, como se lo conoce actualmente, hasta la década del 90. En específico, no va a
ser hasta la caída del régimen soviético, en el año 1991. El hecho permite deducir que,
mientras Ucrania fue parte de la Unión Soviética, no hubo votos en la ONU sobre su
territorio o algo relacionado con ello. En consecuencia, Argentina no se pronunció hasta
el reconocimiento del Estado y del establecimiento de relaciones diplomáticas,
realizados en 1991 y 1992, respectivamente.

El siguiente acontecimiento importante en la narrativa fue en marzo de 2014, durante la
votación de la resolución 68/262 acerca de la integridad territorial de Ucrania en el
marco de los enfrentamientos con la Federación Rusa por la península de Crimea
(AGNU, 2014). La manera en la que Argentina participó fue por medio de la
abstención, y los motivos giraron alrededor del no alineamiento automático en aquel
entonces del Gobierno de Cristina Fernández de Kirchner con una práctica regional de
autonomía relativa y de la inconsistencia que reproducía el invocar el principio de
integridad territorial para el caso en cuestión. Simultáneamente, la mayoría de la
asamblea no se pronunciaba de la misma forma y relativizaba la misma máxima rectora
respecto de la soberanía argentina sobre las islas Malvinas. En efecto, el último cobró
mayor importancia para la nación, ya que se trató de una estrategia discursiva y
diplomática para reforzar la causa Malvinas. Asimismo, esta abstención hizo caso omiso
a la postura argentina defensora del respeto por los tratados internacionales al no hacer
un llamado a las partes al cumplimiento del Acuerdo de Bucarest de 1994. A partir de
este, Rusia, Reino Unido y Estados Unidos se comprometieron a garantizar la integridad
territorial e independencia política de Ucrania en el marco del Acuerdo de No
Proliferación de Fuerzas Nucleares, absteniéndose al uso de amenazas o la fuerza
(Embajada de Ucrania en la República Argentina, 2014).

Posteriormente, se ejecutaría una nueva forma de pronunciamiento: la más cercana a un
respaldo consolidado a Ucrania. Sería como consecuencia del inicio de la Operación
Especial llevada a cabo por las Fuerzas Armadas, con la invasión terrestre al territorio
ucraniano. Desde el primer momento —24 de febrero de 2022—, la Cancillería
argentina se pronunció reiterando el firme rechazo al uso de la fuerza armada
(MRECIC, 2022). Si bien se puede establecer que esta estrategia diplomática respondió
a una de las constantes de la política exterior antes mencionada, la de pacifismo, resultó
significativa puesto que influyó en la modificación de la posición tradicional sobre el
asunto en cuestión hacia una más favorable. En efecto, fue a través de la resolución ES-
11/1 del 2 de marzo de 2022 que Buenos Aires apoyó la disposición que condenaba la
agresión y reafirmaba la integridad territorial de Ucrania (AGNU, 2022).

Las instituciones de gobierno nacionales mantuvieron dicha forma de votación hasta
diciembre de 2023. Dicho suceso resaltó por el cambio de Administración y, en
consecuencia, de retórica exterior referida a una especie de combinación entre apoyo
político y pragmatismo diplomático. Milei comenzó su gestión con un apoyo notable a
Kiev debido a un vínculo estrecho con la democracia y el respeto a la independencia
política. De hecho, Zelenski, presidente de Ucrania, fue uno de los invitados al acto de
asunción presidencial en 2023. No obstante, con la vuelta de Trump a la Casa Blanca en
2025, emergió una reconfiguración de este apoyo, con un cambio de postura, en virtud
del factor del alineamiento absoluto antes comentado. Fue de total conocimiento que el
Gobierno republicano puso de manifiesto que uno de sus objetivos era poner fin a la
disputa y no continuar con la asistencia militar y económica desmesurada al país
europeo como sí lo hizo la Administración precedente demócrata. Por consiguiente, es
claro que esta decisión alteró el panorama global y, sobre todo, formuló semejante
interrogante a la Cancillería, que planteó un cambio en la postura argentina desde una
defensa absoluta hacia un abstencionismo. No obstante, en el marco del alineamiento
con Estados Unidos, Argentina continúa esta política de apoyo al Gobierno ucraniano,
pero por fuera del andamiaje institucional de Naciones Unidas, participando
activamente en iniciativas como la Coalición Internacional para el Retorno de Niños
Ucranianos o el Grupo de Contacto de Defensa (conocido también como Grupo
Ramstein) (Ministerio de Defensa, 2024).

1.4. Derechos humanos

Históricamente, la república ha tenido un posicionamiento consistente y mayoritario a
favor de las disposiciones multilaterales en favor de los derechos humanos —por
ejemplo, participó activamente en el Consejo de Derechos Humanos—. En parte, esto
podría ser explicado por el camino que transitó la república luego del ciclo de
dictaduras y Gobiernos militares que alternaron desde 1930 hasta 1983. Tras un punto
alto de violaciones sistemáticas a los derechos humanos en el país durante dicho
periodo, se inició un proceso interno de reafirmación de estos últimos, que
posteriormente devino en una postura internacional de promotor consolidado.

En paralelo, se realizó una reconstrucción institucional en derechos humanos por medio
de la ratificación de tratados internacionales referidos al tópico y confiriéndoles
reconocimiento constitucional. Teniendo en cuenta esto último, el instrumento
internacional que cobró relevancia significativa fue la Convención sobre
Imprescriptibilidad de Crímenes de Guerra y de los Crímenes de Lesa Humanidad.
Además, se sostuvo un compromiso diplomático a través de la participación en
mecanismos de la ONU, presentación y copatrocinio de resoluciones sobre el tema. Por
último, otro factor que caracterizó al país como fiel defensor de la materia fue la
constancia en sus programas de políticas de gobierno de la temática de “memoria,
verdad y justicia”, así como el juzgamiento de crímenes de lesa humanidad. En
definitiva, Argentina fue considerada, dentro y fuera del escenario internacional, como
un referente de los DD. HH. a nivel global, y particularmente en la región.
Sin embargo, desde diciembre de 2023, cambió su conducta para con el tema: se volvió
más heterogénea y, en algunos casos, más divergente en comparación con la actividad
previa. En efecto, continúa apoyando ciertas iniciativas —por ejemplo, sobre Venezuela
dentro del Consejo de Derechos Humanos— y, a la vez, ha votado en contra o se ha
distanciado de un número considerable de resoluciones que antes respaldaba de forma
permanente.

Con la llegada de Javier Milei y, en especial, el nombramiento de su segundo canciller,
Gerardo Werthein, se produjeron algunos episodios que mostraron una modificación en
la orientación internacional del país en la materia en cuestión. Uno de ellos fue el voto
en contra de una resolución que tenía como objetivo intensificar los esfuerzos para
prevenir y eliminar todas las formas de violencia contra las mujeres y las niñas (AGNU,
2024). Otro corresponde también a una decisión en contra, pero, en este caso, sobre los
derechos de los pueblos indígenas (AGNU, 2024). En ambas, Argentina resultó ser la
única nación latinoamericana que se pronunció de forma negativa. Por último, siguiendo
el mismo orden, se estableció la reciente retirada del país de la postulación para el
Consejo de Derechos Humanos, decisión que, a su vez, continúa con la lógica de emular
los pronunciamientos de las principales naciones afines del presidente, tanto el gigante
norteamericano como el Estado de Israel.

1.5 Bloqueo a Cuba

El año 1992 resultó significativo para la historia de Cuba, ya que representó el inicio del
tratamiento, al más alto nivel multilateral, de una de sus principales problemáticas: el
embargo económico, comercial y financiero impuesto por Estados Unidos. La
Asamblea General de la ONU comenzó a presentar anualmente una resolución y la
mayoría de los Estados miembros con voz y voto la apoyaron año tras año.
La actuación de Argentina acompañó la proposición y repitió por muchas décadas el
mismo razonamiento. Este se plantearía de manera conjunta entre argumentos que
refieren al marco del Mercosur y otros que tienen que ver con principios de justicia y
derechos humanos. Los primeros traen a colación al bloque regional y los términos en
los que fue fundado, haciendo referencia a que aquellos han permitido establecer la
tolerancia y compasión necesaria para lograr una convergencia en el continente latino y
así mantener una conexión permanente. En resumen, Argentina ha remarcado que fue
en función de los principios aceptados de solidaridad, interdependencia y relaciones de
buenos vecinos que surgió esta creencia regional común en respaldar a una nación del
mismo sistema interamericano. Y los segundos se justifican en las meras condiciones
que provoca el embargo: escasez y un extenso sufrimiento para la población cubana.
Ahora bien, en este tema también se repitió lo que ha sucedido con respecto a la retórica
aplicada al factor ideológico y convergencia estricta con el hegemón de occidente. La
estrategia diplomática nacional indicó una modificación considerable en el
pronunciamiento tradicional argentino en este tópico: Argentina votó en contra por
primera vez en la historia (ONU, 2025). Esto ocurrió el 29 de octubre de 2025, un año
después de una polémica que ocasionó una especie de crisis política puertas adentro de
Cancillería, que terminó con la salida de la entonces cabeza del Ministerio de
Relaciones Exteriores, Diana Mondino (AGNU, 2025).

2. El patrón de votos como reflejo del alineamiento

La política exterior de la administración Milei se ha caracterizado principalmente por un
occidentalismo extremo, calificado como hiperoccidentalismo por Juan Gabriel
Tokatlian (2024). Este alineamiento no corresponde al Occidente progresista, sino que
se acopla a las nuevas derechas conservadoras que han estado surgiendo a nivel global,
un reflejo del hartazgo y agotamiento de aquel modelo. En estas líneas se inscribió su
primer discurso ante la ONU en septiembre de 2024, donde declaró:
Estamos ante un fin de ciclo. El colectivismo y el postureo moral, de la agenda
woke, se han chocado con la realidad y ya no tienen soluciones creíbles para
ofrecer a los problemas reales del mundo. De hecho, nunca las tuvieron (Milei,
2024a).

En paralelo, sobre esta temática también se refirieron los doctores Laporte y Corigliano
(2025), quienes afirmaron que se estaría más cerca de “un judeo-americanismo dentro
de un Occidente selectivo y recortado, como lo demuestra su concepción parcial de este
espacio identitario y sus alianzas internacionales” (p. 12).
En este sentido, el lugar que ocupa Estados Unidos, intensificado desde la llegada de
Donald Trump, es central. Esta importancia se ve reflejada en el hecho de que, de los 30
viajes al exterior realizados durante su mandato hasta la fecha, 14 fueron a Estados
Unidos, cuando el siguiente en frecuencia, Italia, solo fue visitado 5 veces (Román,
2025).

Debido al protagonismo que detenta el país en la política exterior nacional, es necesario
analizar cómo se refleja esta “nueva doctrina de alineamiento incondicional” (Laporte y
Corigliano, 2025), en los votos realizados en el seno de la Asamblea General de las
Naciones Unidas. En este sentido, el hecho que vamos a destacar es que, en 2024, según
el Report to Congress on Voting Practices in the United Nations, informe anual
publicado por el Departamento de Estado de Estados Unidos sobre el comportamiento
de los países en las votaciones en el seno de las Naciones Unidas, Argentina coincidió un 97 % con Estados Unidos en las votaciones de la Asamblea General de la ONU en
cuestiones importantes para este país (U.S. Department of State, 2025). Esta cifra es
más que el doble que en el año 2023, que fue de un 39 % (U.S. Department of State,
2024).

El conflicto entre Israel y Palestina es la primera cuestión que se considera para estudiar
la convergencia entre los países en la organización. Como se mencionó anteriormente,
este tema reviste una gran prioridad para el presidente Javier Milei, quien posee un
fuerte vínculo personal con la religión judía y ha manifestado su compromiso con la
causa israelí. Por lo tanto, es uno de los temas en los que más ha coincidido con Estados
Unidos, en un 85 % de las votaciones realizadas desde 2024. La alta coincidencia del
nuevo Gobierno contrasta con el año 2023, en el cual Argentina coincidió en un 17 %
con Estados Unidos en las votaciones relacionadas con Israel (U.S. Department of State,
2024). Este giro de 180 grados en cuanto al conflicto en Medio Oriente se ve por
primera vez en la resolución concerniente a la sesión de emergencia del 12 de diciembre
de 2023, en la que Argentina se abstuvo en la votación sobre la protección de civiles y
el sostenimiento de obligaciones legales y humanitarias.
A efectos metodológicos, este informe analiza las votaciones de la administración
libertaria en la ONU durante el periodo 2024-2025, fecha en que se consolidó el cambio
de la representación argentina (31 de enero). Se asume que los votos en las sesiones
ordinarias de diciembre de 2023, posteriores a la asunción, estuvieron sujetos a la
inercia de las negociaciones previas. Sin embargo, la resolución ES-10/22 constituye
una excepción, dado que, al surgir de una sesión de emergencia a finales de 2023, limitó
el peso de la inercia y permitió un viraje de liderazgo en el periodo de transición.
Asimismo, los porcentajes de coincidencia que no provienen directamente de los
informes anuales oficiales son de elaboración propia, calculados replicando
estrictamente la metodología del Departamento de Estado de los Estados Unidos. Según
este esquema, la coincidencia de votación (Voting Coincidence) se determina asignando
un puntaje a cada par de votos: la coincidencia total (Same) otorga 1 punto, la oposición
(Opposite) otorga 0 puntos, mientras que la coincidencia parcial (Partial, cuando un
país vota y el otro se abstiene) y la ausencia (Absent) computan 0,5 puntos cada una. El
índice final resulta del promedio total de estos puntajes sobre el universo de
resoluciones analizadas.

Cabe destacar que, en las resoluciones concernientes a la ocupación de los Altos del
Golán por parte de Israel, se ha decidido por la neutralidad y el país se ha abstenido. Se
puede teorizar que en estos casos se decidió no coincidir completamente con Estados
Unidos para no afectar el reclamo argentino de las islas Malvinas, al no aceptar, pero
tampoco condenar, la ocupación violenta de un territorio.
La cuestión ucraniana es tal vez donde más se evidencia el alineamiento activo a
Estados Unidos (Simonoff, 2025, p. 2). Como se mencionó anteriormente, el presidente
argentino comenzó su gestión realizando un viraje a favor de la causa ucraniana, tanto
en pronunciamientos oficiales como en acciones. Sobresale la invitación al mandatario
ucraniano Volodímir Zelenski a la ceremonia de asunción del actual presidente, así
como la cercana relación que ambos han mantenido, con diversas reuniones y
conversaciones entre ellos. En tal momento, las inclinaciones personales de Milei
coincidían con la administración estadounidense de Joe Biden y, en tal respecto, en
ambas votaciones sobre la cuestión ucraniana en 2024, Estados Unidos y Argentina
coincidieron un 100 %.

Pero, con la llegada de Trump a la Casa Blanca, la historia cambió. Como señala
Charles A. Kupchan en el podcast The President's Inbox (Lindsay, 2025), los esfuerzos
del presidente por poner un fin a la guerra en Europa difieren de la política de apoyo a
Ucrania for as long as it takes de Joe Biden. Uno de los puntos que caben destacar de la
política exterior de la segunda Administración Trump ha sido, en este sentido, mostrarse
como un peacemaker, por lo que se ha involucrado activamente en la solución tanto de
la guerra Rusia-Ucrania, presionando para un alto al fuego, como en el conflicto
palestino-israelí, con los “20 puntos de Trump” y el cuasiexitoso alto al fuego. De tal
modo, uno de los puntos de la propuesta norteamericana era el mantenimiento por parte
de Rusia del 20 % del territorio ucraniano que ha ocupado.
Resulta significativo que Argentina siguió la tendencia del viraje de EE. UU. en la
cuestión ruso-ucraniana, aunque con mayor cautela, en el seno de la ONU. Tanto en la
resolución ES-11/7 como en la ES-11/8, resoluciones que apuntaban al logro de la paz
en Ucrania, la práctica argentina respecto a esta cuestión también cambió: el país
abandonó su voto afirmativo y se abstuvo en ambas ocasiones. Este patrón de voto,
aunque no coincidió plenamente con el de Estados Unidos (que votó en contra y se
abstuvo, respectivamente), evidenció la ruptura del alineamiento incondicional de la
primera etapa y una adaptación a la nueva agenda de Washington.

Además, cabe destacar que, al alinearse al voto estadounidense, Argentina resultó
coincidir plenamente en su práctica tanto con Brasil como con China, países con los que
la relación se ha distanciado (Merke, 2025). En el caso del vecino sudamericano, este
alejamiento responde a diferencias ideológicas entre mandatarios; mientras que, con el
gigante asiático, se encuentra enmarcado en la rivalidad comercial y geopolítica con
Estados Unidos y la inclinación manifiesta de Argentina hacia Washington.
Como se destacó previamente, desde el comienzo del gobierno, el presidente Javier
Milei se manifestó en contra de la agenda woke, en referencia a la inclusión y
promoción de los derechos de las minorías sexuales, étnicas, etc. Una de las cuestiones
que ve como amenaza desde su campaña es la llamada Agenda 2030, un plan de acción
que plantea una serie de objetivos de desarrollo sostenible que incluye puntos como el
hambre cero, la igualdad de género, la acción por el clima y más. Ante todo, el
mandatario rechaza la imposición de tal agenda; en su discurso ante la ONU en 2024 la
calificó de la siguiente manera:
[es] un programa de gobierno supranacional de corte socialista que pretende
resolver los problemas de la modernidad con soluciones que atentan contra la
soberanía de los Estados-nación y violentan el derecho a la vida, a la libertad y a
la propiedad de las personas (Milei, 2024a).

Son estos últimos los únicos derechos a los que alude consistentemente, ya que atiende
a una visión más liberal de los DD. HH., al tiempo que critica la creación de derechos
que el Estado debe garantizar económicamente: “Miren, yo los únicos derechos que
conozco son el derecho a la vida, la libertad y a la propiedad. Todos los demás son
artilugios para estar metiéndole la mano en el bolsillo a alguien” (Milei, 2024b).
Esta posición alejada de la defensa activa de los derechos humanos se encuentra
nuevamente espejada en la política estadounidense, debido a las controversias en las que
se ha encontrado Donald Trump en relación con cuestiones como los derechos
reproductivos de la mujer, los derechos de los inmigrantes, los derechos de las personas
LGBT+, etc. (Human Rights Watch, s. f.). Un ejemplo de las medidas de retroceso en
esta materia ha sido el Country Reports on Human Rights Practices, informe anual
sobre los abusos de derechos humanos, que ha sido modificado para reducir críticas a
aliados, como Israel y El Salvador, y aumentar las críticas a países no aliados o
percibidos como rivales, como Brasil y Sudáfrica. Además, se han eliminado secciones
sobre corrupción estatal y persecución de personas LGBT+ (Bateman, 2025).

Esta cuestión es, por lo tanto, otro de los ámbitos donde se encuentra una alta tasa de
coincidencia entre el voto argentino y el voto estadounidense, de un 88,89 %. Ambos
han votado en contra de resoluciones sobre la promoción de la paz, de un orden
internacional democrático y equitativo, la eliminación de la discriminación racial, etc.
Sin embargo, tanto Argentina como Estados Unidos suelen votar a favor de la defensa
de los derechos humanos en resoluciones sobre la situación en Siria, Irán y los
territorios ocupados de Ucrania. Esta alta coincidencia en resoluciones de condena
indica que, más que la promoción universal de los derechos humanos, ambas prácticas
apuntan a una condena estratégica de países percibidos como rivales u opositores.
Parece necesario señalar que hubo resoluciones en las que se votó de manera opuesta o
parcial; por ejemplo, Argentina suele votar a favor de la moratoria de la pena de muerte,
mientras que EE. UU. vota en contra, y lo mismo sucedió con el combate de la
glorificación del nazismo y neonazismo. Por otro lado, Argentina se abstuvo en las
resoluciones sobre los Altos del Golán ocupados y sobre las consecuencias humanitarias
de las armas nucleares, evitando así alinearse completamente con el voto “en contra” de
Estados Unidos.

En el primer caso, y como se analizó previamente, la abstención podría evitar perjudicar
la posición argentina frente a la cuestión Malvinas, en la que se defiende el derecho a la
integridad territorial, especialmente frente a una ocupación forzosa. En el segundo caso,
la abstención constituye un compromiso diplomático entre la tradición de desarme y la
política actual. Por un lado, mantiene la tradición histórica argentina en favor de la no
proliferación y el desarme (cuyo pilar es el Tratado de Tlatelolco) y, por otro, le permite
evitar el apoyo directo al Tratado sobre la Prohibición de las Armas Nucleares (TPAN),
al que Argentina no ha ratificado por razones de índole técnica.

Por último, nos encontramos frente a la situación del embargo norteamericano hacia
Cuba, presente durante 60 años. El 30 de octubre de 2024 sucedió un hecho cuyas
consecuencias dejaron en evidencia la extensión del alineamiento de la política exterior
argentina a las posiciones estadounidenses. En esta oportunidad, la Asamblea General
llevó a cabo una votación para solicitar el fin del bloqueo a Cuba, y la delegación
argentina, junto con 187 países, votó a favor; mientras que Estados Unidos e Israel, los
principales socios del actual Gobierno, fueron los únicos en votar en contra. Esto
desencadenó una controversia en el interior del Gobierno libertario, y se decidió
desplazar a la canciller Diana Mondino y, en su lugar, designar a Gerardo Werthein
(Infobae, 2024). La elección del nuevo ministro no fue casual, ya que hasta entonces
desempeñaba el cargo de embajador argentino en Estados Unidos, en una maniobra que
parecería intentar apaciguar al país del norte. Al llevarse a cabo la votación sobre el
mismo tema en 2025, Argentina dio un giro diplomático que rompió con una tradición
de voto de más de 30 años, votando en contra de la resolución que solicitaba el fin del
bloqueo económico y comercial a Cuba (Ámbito, 2025).

En el análisis de prioridad de la relación con Estados Unidos, se debe tener en cuenta la
intención de obtener beneficios comerciales, en especial, en forma de un acuerdo, desde
el país del norte hacia Argentina, así como en la necesidad de apoyo financiero ante
posibles situaciones de estrés cambiario y organismos multilaterales de crédito. Esta
necesidad se agrava tras el Liberation Day, cuando Trump anunció la imposición de
aranceles a las importaciones de más de 100 países partiendo de una base del 10 %,
cifra que fue aplicada a los productos provenientes de nuestro país. El reciente
Framework for a United States-Argentina Agreement on Reciprocal Trade and
Investment constituyó un avance al respecto, por el cual Donald Trump y el presidente
Javier Milei “reafirman su alianza estratégica basada en valores democráticos
compartidos y una visión común para libre empresa, iniciativa privada y mercados
abiertos” (The White House, 2025). Así, acordaron un marco de trabajo para
profundizar el comercio bilateral y la cooperación de inversión, que obligaría a
Argentina a abrir su mercado a bienes clave estadounidenses, eliminar barreras no
arancelarias y alinearse con Washington en seguridad económica, combate a prácticas
no comerciales de terceros países y estándares digitales y de propiedad intelectual, a
cambio de que EE. UU. considere el acuerdo en futuras decisiones arancelarias y
elimine algunos aranceles recíprocos en productos específicos. Es importante señalar
que la cuestión del acero y aluminio argentinos, afectados con un arancel del 50 %, no
se ha solucionado, aunque se pretende determinar una cuota sin aranceles o una baja
general (López, 2025). No es de poca importancia que, de efectivamente firmarse un
acuerdo comercial bilateral, se estaría yendo en contra de la normativa del Mercosur, ya
que no se pueden establecer acuerdos individuales con otras naciones si estos
comprometen las tasas de importación y exportación acordadas por el bloque
(Simonoff, 2025, p. 5).

Asimismo, en la dimensión financiera, se destaca la compra de pesos por parte del
Tesoro de Estados Unidos anunciada por su secretario Scott Bessent el 9 de octubre de
2025, así como la firma del acuerdo de estabilización cambiaria por USD 20.000
millones (Banco Central de la República Argentina, 2025; Bessent, 2025). Estas
medidas se inscriben en un momento de incertidumbre política, tras una devastadora
derrota del oficialismo en elecciones provinciales clave celebradas en septiembre. Dicho
resultado generó un estado de alerta ante el temor de que un revés similar en los
comicios legislativos de octubre afectara la gobernabilidad; como advirtieron
observadores internacionales, una derrota de esa magnitud “probablemente impediría a
Milei continuar con sus planes favorables al mercado y centrados en la austeridad, que
el gobierno de Trump ha elogiado y, en muchos aspectos, reproducido” (Rappeport y
Abi-Habib, 2025). Si bien ambos comunicados oficiales citan la estabilidad
macroeconómica como la razón principal de la asistencia, este rescate constituye una
evidencia material de los réditos que el Gobierno argentino ha obtenido a partir de su
alineamiento incondicional.

A partir de las votaciones analizadas en el periodo 2024-2025, se puede concluir
entonces que el comportamiento argentino en el seno de las Naciones Unidas ha
respondido a un aumento del peso de los principios ideológicos en la política exterior
Argentina. A su vez, el viraje radical que experimentó la actuación argentina en temas
como el conflicto palestino-israelí, la cuestión ucraniana y las problemáticas de
derechos humanos no solo fue consecuencia del cambio ideológico, sino que atendió
además a la fuerte aproximación de Argentina con Estados Unidos. Las estadísticas
ilustran esta tendencia de manera contundente: de una coincidencia del 39 % en
votaciones clave en 2023 (U.S. Department of State, 2024), se pasó a una del 97 % en
2024 (U.S. Department of State, 2025). En efecto, en ocasiones se llegó a romper la
tradición diplomática argentina para mantener la disciplina de coincidencia con
Washington, por ejemplo, en la votación referente al bloqueo de Cuba en 2025. Más
aún, en resoluciones donde los principios del Gobierno entraban en tensión con la
agenda de Washington, como sucedió en las resoluciones ES-11/8 y ES-11/7, referidas
a la cuestión de Ucrania, se optó por una adaptación táctica mediante la abstención, en
lugar de confrontar directamente con Estados Unidos.
Si bien el acople riguroso a la agenda de la superpotencia puede llegar a significar la
obtención de beneficios para el país, particularmente comerciales y económicos, para
los cuales se ha logrado un marco de trabajo, también puede llevar a un aislamiento con
el resto de los países. La agenda exterior parece estar subordinada a la de Estados
Unidos y, por lo tanto, se corre el riesgo de desatender vínculos importantes con aliados
y socios esenciales, especialmente en la región latinoamericana.

Conclusión

El análisis de las votaciones argentinas en el marco de la organización internacional
multilateral por excelencia durante el periodo 2023-2025 permite visualizar un cambio
estructural en la orientación de la política exterior nacional. Dicha modificación se
manifiesta, en primer lugar, en la creciente centralidad del alineamiento ideológico
como elemento ordenador del voto, lo que ilustra un desplazamiento de prácticas
históricas basadas en el multilateralismo y el pacifismo, entre otras.
En segundo lugar, es posible observar una reconfiguración del posicionamiento
argentino en tópicos sensibles, como los relacionados con el conflicto en Medio
Oriente, los derechos humanos y las medidas humanitarias, donde la nación pasó de
acompañar sostenidamente las disposiciones multilaterales a adoptar posturas
contramayoritarias o abstencionistas.
Por otro lado, es menester destacar el vínculo con Estados Unidos, cuya naturaleza
emergió como un factor crucial en la explicación del patrón de voto y ha alcanzado
niveles de coincidencia difícilmente antes vistos en el transcurso de la historia. En
función de esta convergencia estratégica es que se plantea una serie de interrogantes
respecto del margen de autonomía diplomática argentina en la coyuntura de las
relaciones globales, así como también los costos en términos de menores capacidades de
construcción de consensos multilaterales y mayores riesgos de aislamientos frente a
amplios sectores de la comunidad internacional. De esta forma, al subordinar Argentina
la mayor parte de su política exterior a la agenda de Washington, incrementa su
vulnerabilidad frente a potenciales cambios en el diseño político norteamericano, lo que
provoca a su vez interrogantes sobre la sostenibilidad del esquema actual de inserción
internacional argentino.
En definitiva, la conducta argentina en la ONU durante la Administración corriente
evidencia una política exterior más selectiva, ideologizada y orientada al alineamiento
estratégico.