Para cumplir el mandato constitucional de recuperar la soberanía sobre las Islas Malvinas, Argentina debe abandonar las posturas nostálgicas, las sobreactuaciones diplomáticas y el enfoque de confrontación que han resultado ineficaces. En su lugar, el autor argumenta que resulta imperioso diseñar una estrategia diplomática integral a largo plazo que considere el contexto geopolítico y geoeconómico actual. Esto implica generar confianza y beneficios mutuos a través del impulso de inversiones público-privadas, el mejoramiento de la conectividad y el desarrollo de agendas pragmáticas compartidas con el Reino Unido bajo el "paraguas de soberanía", evitando así fomentar el aislamiento de los habitantes de las islas.

Esta estrategia exige integrar el reclamo dentro de un proyecto de desarrollo nacional más amplio que potencie la región patagónica, su plataforma continental y Tierra del Fuego, consolidando al Atlántico Sur como una zona de paz, cooperación y estabilidad. Mediante acuerdos en áreas estratégicas como hidrocarburos, pesca, logística e incluso esquemas de seguridad conjunta en la actual base militar, Argentina podría fortalecer su presencia y capacidad de decisión en la zona, creando de esta manera el ambiente propicio para reanudar las negociaciones definitivas estipuladas por la comunidad internacional.

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La disposición transitoria primera de la Constitución Nacional establece: 

La Nación Argentina ratifica su legítima e imprescriptible soberanía sobre las islas Malvinas, Georgias del Sur y Sándwich del Sur y los espacios marítimos e insulares correspondientes, por ser parte integrante del territorio nacional.

La recuperación de dichos territorios y el ejercicio pleno de la soberanía, respetando el modo de vida de sus habitantes, y conforme a los principios del derecho internacional, constituyen un objetivo permanente e irrenunciable del pueblo argentino. 

Esta norma establece un objetivo que no debe quedar sin cumplirse indefinidamente. Es más, existe una obligación de cumplirla. La norma exige objetivos, políticas, acciones e instrumentos relacionados. La práctica diplomática está basada en evitar consignas que no pueden traducirse en líneas concretas de acción, tales como el reclamo en abstracto, sobreactuaciones o en utopías retrospectivas. 

La nostalgia no es una política, por el contrario, un enfoque basado en lo que “debiera ser”, en diagnósticos simplistas o pensamientos mágicos, produce el efecto contrario a la búsqueda de una solución del diferendo, más aún cuando la Argentina, si bien cuenta con la geografía, con la historia y con el derecho a su favor, no es una potencia que tenga capacidad de incidir en temas que tienen implicancias globales donde se cruzan la geopolítica y la geoeconomía. 

Entender el contexto internacional, los posibles escenarios que pudiesen surgir de la competencia estratégica global entre las dos principales potencias y, a la vez, el rol de las países secundarios (o potencias medias con distintas características, políticas e intereses) y marcos de alianzas relacionados son una condición sine qua non para que nuestro país diseñe y ejecute una estrategia internacional para su integración (en todas sus dimensiones) al mundo basada en sus objetivos de desarrollo interno y el bienestar de su población. Ello, en la práctica, significa tener en claro sus marcos de alianzas, su pertenencia al hemisferio occidental en términos de valores y principios, y una capacidad de adaptación a los intereses en juego cuando se cruzan la geopolítica y la geoeconomía. Por el contrario, entender la política exterior como un juego de suma cero tiene como resultado lo contrario a lo supuestamente esperado. 

Por lo tanto, resulta necesario establecer líneas de discusión que permitan generar consensos en torno a una estrategia teniendo en cuenta la realidad internacional y cómo funciona el mundo real en todas sus dimensiones.  Es imprescindible identificar las múltiples variables del problema y, sobre todo, “conocer al otro” (en todos los aspectos que puedan influir en un proceso de negociación sin metas temporales, pero sí con objetivos e instrumentos concretos). En ese contexto, los principios del derecho internacional serán una de las partes de un eventual proceso de elaboración de la estrategia propuesta y el instrumento será la negociación diplomática que debiera involucrar a todos los actores que fuese necesario (en tiempos, fases, alianzas y temas que correspondan).  

En el campo multilateral, la invitación a ambos Gobiernos a proseguir sin demora las negociaciones recomendadas por el Comité Especial encargado de examinar sobre la disputa consta en la Resolución 2065 (XX) de la Asamblea General de las Naciones Unidas (AGNU), aprobada sin votos en contra, con 94 a favor y 14 abstenciones de algunos países europeos, del Commonwealth y los Estados Unidos. Asimismo, consta en resoluciones posteriores: la 3160 (XXVIII) del año 1973; la 31/49 del año 1976 (la primera a partir de la cual comienzan los votos en contra y un importante número de abstenciones); la 37/9 del año 1982 (en la cual se invita a “reasumir” las negociaciones), seguidas por las resoluciones 38/12, 39/12, 40/21, 41/40, 42/40 y 43/25. Destaco que, en estas cuatro últimas, en su primer párrafo dispositivo, la AGNU “pide” (Res 40/21) y, en las tres posteriores, “reitera su pedido” a los Gobiernos de la Argentina y del Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte de que inicien negociaciones con miras a encontrar los medios de resolver pacífica y definitivamente los problemas pendientes entre los dos países, incluidos todos los aspectos sobre el futuro de las Islas Malvinas (Falkland), de acuerdo con la Carta de las Naciones Unidas. A estas resoluciones, se agregan las que anualmente aprueba el informe del Comité de Descolonización y son adoptadas por la AGNU, además de las aprobadas en otros órganos intergubernamentales regionales. 

Aun cuando esta invitación a negociar recae sobre las dos partes, el Reino Unido no ha cumplido con este mandato de la AGNU (las resoluciones citadas son de naturaleza consultiva y no vinculante como sí, en cambio, lo son las del Consejo de Seguridad). O sea, el marco multilateral es importante, debe profundizarse y ser parte de una estrategia más amplia, pero no ha sido ni es suficiente. 

En lo que hace a la cuestión de fondo, aun considerando experiencias anteriores y en particular luego de 1982, es necesario generar el ambiente político y de confianza propicio para facilitar el armado de una agenda de interés para todas las partes que intervienen en el diferendo, así como para terceras partes no involucradas directamente y que estén interesadas en que el Atlántico Sur sea una zona de cooperación, seguridad y estabilidad en todas sus dimensiones. A la vez, teniendo en cuenta la historia de nuestra política exterior, particularmente en épocas en las que contó con capacidad de influir regionalmente por el peso del país, debería evitarse, en un proceso de negociación tan complejo como el que se propone, repetir una de las pautas permanentes de la política exterior argentina: “la evasión por medio del derecho” (Conil Paz y Ferrari, 1964) aunque, obviamente, el derecho internacional público deberá proveer los insumos cruciales y necesarios de este proceso de negociación tal como lo establece la Constitución Nacional y ser parte de una eventual estrategia diseñada para su ejecución.  

Ello demandará la elaboración y ejecución de una estrategia que incluya fases, sin tiempos determinados, liderazgo, actores múltiples, alianzas internacionales e intereses en juego de todas las partes. En paralelo, se deberá ir generando los consensos internos y una estrategia comunicacional, evitando las sobreactuaciones o soluciones mágicas basadas en dudosos éxitos cortoplacistas y manipulaciones con fines electorales.  

Como parte de esta estrategia, será menester partir de un análisis del contexto internacional y eventuales escenarios y, en función de ello, identificar los factores e instrumentos que serán la base de un enfoque integral para el desarrollo de la Patagonia, de su plataforma continental y de la transformación productiva de Tierra del Fuego. 

La relación bilateral en todas sus dimensiones cuenta, máxime aún si se pretende orientarla hacia negociaciones que incluyan el diferendo. El enfoque debe ser integral para el conjunto de la región patagónica y su plataforma continental; su objetivo debe ser el de establecer las bases para construir una relación que incluya los temas concretos que influyen en la “disputa” por la soberanía. La construcción de esta agenda debe tener en cuenta el mundo real, cuál es la posición e influencia de cada uno de los países en el actual contexto internacional y, en función de ello, realizar las alianzas internacionales adecuadas basadas en intereses comunes y beneficio mutuo (geopolítico y geoeconómico). Esto significa caminar juntos, el sector público y privado, incluyendo la academia y sectores de la sociedad civil según los temas que se traten. Un ejemplo de este enfoque conceptual y estratégico (luego de 1982) ha sido los llamados Acuerdos de Madrid 1989/90, todas las declaraciones conjuntas que han surgido de ellos durante la década de los 90 y la declaración conjunta bilateral (Argentina-Reino Unido) del 13 de septiembre del 2016. Esas declaraciones conjuntas incluyen una serie de actividades y, a la vez, generan el marco institucional para otras que debieran ser identificadas en una eventual agenda futura.  

El Reino Unido es un actor importante a nivel global no solo por ser en el 2026 la quinta economía del mundo (PBI nominal), sino también por ser un referente global en materia financiera (en los niveles de Nueva York y Hong Kong), Bolsas de valores (Stock Exchange y London Metal Exchange), mercado de créditos y seguros y de servicios marítimos. El Brexit no ha afectado a ninguna de estas variables.  

También debe considerarse su rol protagónico en importantes instituciones internacionales, como el G7 y el G20, por su capacidad de veto como uno de los 5 miembros permanentes del Consejo de Seguridad de la ONU, por sus membresías en el Commonwealth y en la OCDE, y por su peso global en los planos militar (en su calidad de ser uno de los socios principales de la OTAN), diplomático, cultural y soft power en general. 

Por otra parte, su nivel de inserción e influencia internacional en la mayoría de los países de los cinco continentes es aún mayor a la de su “peso país”, lo cual se ha reflejado en los votos de las resoluciones en el marco de la AGNU (1973-88) cuando se ha tratado la existencia de la disputa y de solucionar los problemas pendientes.  

No considero necesario entrar en los detalles ya bien conocidos sobre los beneficios de los habitantes de las islas luego de la guerra del 1982, su irreductibilidad en materia de autodeterminación, nivel A en ciudadanía, su normativa, su capacidad de otorgar licencias de pesca y exploración/explotación hidrocarburos, los niveles alcanzados en términos de PBI/c, su representación en Londres, el apoyo de miembros del Parlamento en la Cámara de los Comunes y de la Cámara de los Lores, además de sus vínculos con quienes representan a los habitantes de las islas en Londres.  A su vez, no debe descartarse el rol de los intereses privados que controlan económicamente y administran prácticamente todos los servicios gubernamentales y privados de las islas. 

Sin embargo, debido a su estatus de territorio de ultramar, existen áreas sobre las cuales las islas tienen facultades delegadas al Gobierno del Reino Unido: las relaciones exteriores y la defensa militar, además de nombrar a su gobernador como figura simbólica. Se han publicado investigaciones muy detalladas sobre el rol de Parlamento británico (que es el que decide, en última instancia, el futuro de las colonias británicas) para evitar que se discutan las cuestiones de fondo en relación con las islas ya en fechas anteriores a la guerra (González, 2015; Rizoli, 2021; Gamba, 2016; Livingstone, 2020).    

Por su parte, el Gobierno británico, luego de la guerra del 82, ha desarrollado su presencia militar en una base cuyo objetivo prioritario es el de la defensa territorial y apoyo logístico como hub o base de apoyo dual (civil-militar) para sus operaciones en la Antártida y, si bien no es actualmente explícito, lo que cuenta a futuro -desde la geopolítica- es el acceso desde el Atlántico al estrecho de Magallanes y al pasaje de Drake. Adicionalmente, otra muestra de sus fuerzas de defensa es usar las islas para entrenamiento conjunto de (rotan por periodos de seis meses a un año) hasta cuatro destacamentos de sus fuerzas debido a la similitud del terreno y espacios abiertos que pueden ser útiles para escenarios de combate en otros continentes. 

Para el Gobierno del Reino Unido (de cualquier signo), el apoyo a la autodeterminación de los habitantes de las islas, y su obvia relación con una eventual solución a la disputa, no es un tema de discusión. El equilibro necesario para discutir y decidir acerca de temas prioritarios (sistema de salud, impuestos, inmigración, presupuesto, energía y otros de alto impacto en la economía local), entre los miembros del Parlamento, los obliga a evitar temas que no consideran prioritarios (por ejemplo, la disputa de soberanía sobre Malvinas) y no tienen repercusión a nivel de la sociedad civil. Obviamente, además de supuestas posiciones acerca de “principios” en el tema, existen firmes apoyos de un importante número de parlamentarios a mantener el estatus actual, con lo cual bloquean cualquier discusión sobre la cuestión de fondo o que el tema sea desviado por la oposición a cuestionamientos al Gobierno en otros temas indirectamente relacionados, como por ejemplo, Chagos, Groenlandia, aumentos de los gastos en defensa como miembro de la OTAN o cuestiones relacionadas con los conflictos en el Índico y en el mar Rojo que significa la participación de sus fuerzas de defensa. 

Es más, durante el 2026 han sucedido hechos —motivados periodísticamente— que le han permitido al actual Gobierno laborista (con el apoyo del partido liberal) unificar posiciones en torno a la autodeterminación aun en sectores y partidos en los cuales el diferendo ni siquiera es prioridad y en un tema mayormente desconocido para gran parte de su población.  

Por otra parte, en caso de que se decida pensar en el armado de una política del Gobierno argentino como la que se propone debajo, las actitudes o posiciones que no sean parte de una estrategia negociadora debieran evitarse. El juego de suma cero, en el largo plazo, refuerza el estatus actual de las islas. 

Por el contrario, un ejemplo es el respeto entre veteranos de ambos países que han combatido en las islas, así como el reconocimiento a quienes dieron su vida durante la guerra (hoy identificados, además de los ya incluidos en el epitafio del cementerio de Darwin) y la actitud de sus familiares quienes, aun dejando en alto los derechos de la Argentina, han encontrado la paz al reencontrarse con sus hijos en las tumbas que correspondían sin plantear la guerra o el conflicto como solución a las cuestiones de fondo. Esta experiencia ha dejado muchas enseñanzas, no solo desde la perspectiva humanitaria que ha sido su objetivo principal, sino también desde una perspectiva de política exterior. La Argentina ha demostrado que pueden llevarse adelante proyectos específicos como es el de un cementerio argentino aun en zonas en disputa por la soberanía y en un territorio ocupado. 

En este sentido, la experiencia ha probado que enfocar el diferendo basado en la confrontación y agresividad solo les ha dado excusas a los habitantes de las islas para reforzar el estatus conseguido a partir de 1982. Esta situación tiende a consolidarse (ese territorio tiene un PBI/c más alto que el Reino Unido) y se profundizará si, por el lado argentino, no se toma la iniciativa con un enfoque que construya sobre las experiencias positivas que han tenido lugar bajo la fórmula de la utilizada por la cuestión de soberanía en el artículo 2 de la Declaración Conjunta de Madrid del año 1989 y sus actividades relacionadas.

Es así como, aun manteniendo y reforzando las resoluciones multilaterales que invitan a ambos países a resolver la disputa (con los buenos oficios del secretario general de las Naciones Unidas, cuestión que nunca ha cumplido), la posición argentina debe ser analizada seriamente, sin sobreactuaciones, incluyendo todos los factores y variables del problema. Si así no fuese, se fortalecen cada vez más los puertos, facilidades y apoyo que dan terceros países a las actividades económicas, logísticas, de investigación y militares que tienen su origen en las islas, ya sean públicas (con énfasis en la geopolítica) o privadas. Y acá es justamente donde la geopolítica y la geoeconomía se cruzan: una estrategia argentina deberá considerar todas las variables del problema en forma integral, con las fases, actores y tiempos que fuesen necesarios, basándose en los principios y valores de su política exterior, y sus objetivos de desarrollo y bienestar de su población.  

En este contexto, y partiendo del principio “la política exterior comienza por casa” (Haass, 2013), en lo que hace a una visión integral, debiera ser la base de una estrategia argentina.

Ahora bien, en el caso específico de Malvinas, aun a sabiendas de que la nostalgia (política de acercamiento de los años 70) no es una política a la cual pueda regresarse, debe pensarse en cuál es el actual contexto internacional que puede generar interés entre las partes en conflicto y alianzas posibles público-privadas (ya sea desde una perspectiva de la defensa y seguridad internacional o económicos) que permitan generar vínculos con las islas. 

Solo generando confianza, conectividad y oportunidades de beneficios concretos (públicos y privados) podrá facilitarse un diálogo entre las partes y, con los instrumentos y temas que surjan, incluir las cuestiones de fondo que hacen al diferendo. 

En el ámbito multilateral, la realidad pareciera indicar que se ha llegado al límite en los ámbitos multilaterales (ONU, OEA, etc.), de avanzar más allá de mantener la existencia de una disputa por la soberanía y la invitación a ambos países a reasumir las negociaciones para resolver pacífica y definitivamente los problemas entre ambos países. Aun así, debe continuarse al máximo posible la disponibilidad y visibilidad de los esfuerzos argentinos para la reanudación de las negociaciones sobre la disputa suspendidas desde antes de la guerra del 82 hasta la fecha. Ese reconocimiento multilateral debiera focalizarse en que el secretario general cumpla el rol que le asignó la Asamblea General de la ONU en 1965, las resoluciones posteriores de la AGNU y las que se repiten anualmente en uno de los órganos del sistema que luego se elevan a la Asamblea General.  

En el ámbito bilateral, la contraparte para resolver cuestiones concretas es el Reino Unido. Ello no obsta a que deban incluirse en este eventual proceso de consultas y diálogo los “buenos oficios” de Gobiernos con intereses comunes combinados con gestiones público-privadas para fomentar negocios y conectividad en las áreas que pudieran ser de interés geopolítico y geoeconómico según proyectos específicos. 

Para facilitar (y atraer al sector privado) la implementación de esta estrategia, el Gobierno federal y las provincias patagónicas debieran impulsar y generar estímulos para proyectos específicos con el fin de proveer la logística, promover la participación de suministros en las redes locales y en las cadenas de valor del comercio de bienes y servicios en los sectores que la Argentina tiene potencial, hoy favorecidos por el Régimen de Incentivos para Grandes Inversiones (RIGI) para los sectores de minería y energía. Obviamente, estos proyectos de inversión favorecerán el desarrollo regional que tendrá como base la costa patagónica y Tierra del Fuego, pero ello no sucederá por un “simple derrame” de sus actividades, sino como resultado de una política que desarrolle infraestructura y logística relacionada. En el caso de la región patagónica, la infraestructura precederá al desarrollo y será un factor clave para reducir, entre otros, el “costo argentino” en la producción de sus bienes y servicios. Su superficie continental, su plataforma marítima, sus recursos naturales (tierra y mar), bajas temperaturas, viento, disponibilidad de agua dulce y demografía la hacen competitiva, además de su posición geopolítica. 

Es más, en caso de que estos marcos legales se extendiesen (no necesariamente en los montos de estos grandes proyectos) a los a sectores agroalimentario (incluida la pesca) y turismo entre otros que seguramente podrán ser identificados, sería un acierto y un insumo importante para esta eventual estrategia. Asimismo, el potencial para proyectos desarrollos tecnológicos y comunicación (local y hacia el resto del mundo) gracias a la ubicación geográfica, a las condiciones climáticas, a la disponibilidad de agua y a los espacios no habitados promoverán las inversiones en infraestructura y logística que no solo favorecerán las exportaciones e inversiones relacionadas, sino también una mayor presencia en las actividades económicas para todo el Atlántico Sur. 

Y, si así fuese, desde la geopolítica, la costa patagónica y Tierra del Fuego serán un referente conveniente para el acceso desde el Atlántico al estrecho de Magallanes cuya jurisdicción corresponde a Chile, al pasaje de Drake y la conectividad con la Antártida. Hoy esta logística es administrada por terceros porque han generado una política inteligente, consistente y con recursos desde décadas atrás. No se trata de competir, al contrario, sería inútil e inviable, sino de abrir alternativas complementarias a las que ya existen desde el lado argentino de la provincia de Tierra del Fuego y según los casos desde la costa patagónica (por ejemplo, el puerto de Comodoro Rivadavia). 

Una ventaja adicional y necesaria de este enfoque es el de incrementar en presencia y capacidad operativa a las Fuerzas Armadas en toda la costa patagónica, revalorizando las bases operativas de Río Gallegos y Puerto Deseado lo cual tendrá un efecto positivo en su actividad marítima y territorial. Asimismo, su presencia en Tierra del Fuego (logística y operativa) será clave para dar un sistema de apoyo a las actividades antárticas desde Ushuaia. 

Asimismo, las Fuerzas Armadas deberán contar con la infraestructura, la logística en tierra y los medios y recursos necesarios para garantizar la seguridad marítima y transporte del Atlántico que ingresa al estrecho de Magallanes (en referencia a su acceso desde el océano Atlántico ya que, según el Tratado de Límites de 1881 y el Tratado de Paz y Amistad del 1984, es Chile quien tiene jurisdicción sobre la totalidad de su navegación) y al pasaje de Drake. En síntesis, la cooperación y seguridad del transporte marítimo por corredores naturales bioceánicos tiene su marco jurídico bien determinado entre ambos países vecinos. En adición a ello, el control y conocimiento de todas las actividades que se desarrollen tanto en los mares australes cercanos a la Antártida como en la Antártida misma también deberían ser un plus de esta mayor presencia y capacidad operativa de las Fuerzas Armadas en la zona. La base naval integrada es una medida positiva que va en ese sentido.

El Atlántico Sur como zona de paz y cooperación está basado conceptualmente en que la Argentina es un país marítimo con 3000 km de costa atlántica. Aun así, el diferendo Malvinas es un obstáculo para que ello sea así en el área marítima ocupada. La base militar de Monte Placentero es el centro operativo del Gobierno británico para dar apoyo a las actividades antárticas, ejercicios militares y de búsqueda y rescate en el Atlántico Sur, además de funcionar como aeropuerto público-privado. 

Un escenario de conflicto armado y de “defensa” de un ataque argentino no solo no existe en la práctica, sino que además está prohibido por la Constitución Nacional. Los habitantes de las islas usan esta presencia militar como excusa para promover aún más su aislamiento del continente. 

Esa base militar es un tema que depende exclusivamente del Reino Unido (incluyendo su condición de miembro de la OTAN). La pregunta en todo caso es si contribuye a que el Atlántico Sur sea efectivamente una zona de paz y cooperación. Este es uno de los “problemas pendientes entre los dos países” (tal como lo disponen las últimas resoluciones de la AGNU) para resolver. Es el Reino Unido quien decide sobre el uso de esta base militar ya que todos los territorios de ultramar le delegan los temas de defensa y relaciones exteriores. 

Ahora bien, si partimos de un análisis del actual contexto internacional, nuestro país está en las mejores condiciones para desarrollar conceptualmente, política y operativamente, una propuesta de cooperación, seguridad y estabilidad en el Atlántico Sur, que incluya esa base militar instalada luego de 1982 en las islas, en cooperación con los países del hemisferio occidental con los que compartamos valores, principios y objetivos comunes. La Estrategia Nacional de Seguridad (NSS) de noviembre 2025 y el Plan Fiscal del Departamento de Estado (2026-2030) incluyen la visión y los instrumentos para ello. 

La competencia estratégica entre las dos únicas potencias globales actuales e iniciada al inicio de este siglo (y que se mantendrá por unos cuantos años más) hace que cualquier análisis de política exterior argentina vis a vis los principios establecidos en nuestra Constitución Nacional y de sus objetivos de desarrollo (en todas sus dimensiones) deba ser tenida en cuenta. 

En síntesis, ¿cuál podría ser el uso de esa base militar del Reino Unido en el contexto del diferendo, de la convocatoria de la AGNU, de la seguridad hemisférica, del control de nuestros recursos y garantía de cooperación, seguridad y estabilidad en el Atlántico Sur? Si esos fueran los supuestos, debieran existir intereses complementarios entre la Argentina, el Reino Unido y la visión que surge de la NSS y el Plan Fiscal 2026-2030 del Departamento de Estado de los Estados Unidos. En otros contextos históricos anteriores a la guerra de 1982, se analizaron propuestas de “soberanía compartida” para la totalidad del territorio ocupado o la de instalar las “tres banderas” en las islas (la tercera se refería a la de las Naciones Unidas). Por distintas razones no han prosperado. La historia y los intereses de los distintos actores lo explican.

Sin embargo, en el actual contexto, podríamos, basándonos en la Declaración Conjunta de Madrid 1989, reducir el ámbito de aplicación exclusivamente a la base militar, a sus funciones actuales y a las que eventualmente se agreguen a las de defensa y apoyo logístico público-privado (ejemplo control de pesca no declarada e ilegal, contrabando, tráfico de personas, narcotráfico entre otras), a un nuevo tipo de acuerdo tripartito entre tres Gobiernos. Uno de ellos reemplazaría la original propuesta de la bandera de las Naciones Unidas (a menos que el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas decida positivamente, lo cual no será factible por el veto de países que están fuera del concepto de la “seguridad hemisférica”). 

La opción de “las tres banderas” (por orden alfabético: Argentina, Estados Unidos y Reino Unido) en un contexto de seguridad hemisférica sería una gran contribución a una participación efectiva de la Argentina en uno de los sectores específicos que, en términos de negociación, depende exclusivamente del país que tiene mandato para ello y de los Estados Unidos que, si bien han sido y son neutrales (lo cual justifica aún más su participación) en materia del diferendo, su presencia física en la zona contribuirá no solo a la paz y cooperación en el Atlántico, sino también sería coherente con su NSS y su Plan Fiscal arriba mencionados. 

Una ventaja adicional para las Fuerzas Armadas en participar en este acuerdo tripartito en esa base militar, agregadas a las de defensa y seguridad, serán las de participar en ejercicios militares conjuntos (abiertos a otros países de la región y países de la otra “orilla” del Atlántico Sur); facilitar la interoperabilidad entre las fuerzas de defensa; prioridad en la provisión de equipamiento; participación coordinada en ejercicios de búsqueda y rescate; identificar proyectos de infraestructura y logística para la defensa y seguridad en el Atlántico Sur complementarios a los que tengan base en el continente; y compartir experiencias de otras regiones, en particular con el AUKUS y el QUAD.  

La disposición transitoria de la Constitución Nacional establece, entre los componentes de la recuperación de los territorios y el ejercicio pleno de la soberanía, el respeto del “modo de vida de sus habitantes”. ¿Ahora bien, cómo es ello posible sin la conectividad con el país al que pertenecen por historia, geografía y derecho?

Veamos los temas que hacen a la conectividad sobre los cuales ya existe experiencia. Los vuelos de línea son clave. A la fecha de hoy, solo se ha mantenido la frecuencia mensual desde Río Gallegos establecido hacia fines de los años 90 y han suspendido el establecido en el 2018 con escala en Córdoba, una plaza clave que cuenta con un aeropuerto internacional, bien ubicada en el centro del país para facilitar el acceso a las islas desde todo el país y con una provincia que ya tiene historia en la relación con los habitantes de las islas. Esta frecuencia adicional a la de 1999 ha sido establecida (y negociada durante 2016-18 con el Gobierno británico) en el 2018, bajo la fórmula de salvaguardia. Esta frecuencia ha sido suspendida en el 2020, lo cual favorece el aislamiento de los isleños, que en realidad es lo que prefieren respecto de la Argentina, aunque no con otros aeropuertos en terceros países. 

La discusión sobre qué compañía puede proveer esos servicios aéreos es irrelevante si lo que se prioriza es la conectividad como modo de establecer vínculos entre las personas para conocer recíprocamente sus modos de vida.  

El impulso del sector energía (petróleo y gas) en la Argentina no es solo continental, tiene proyección marítima con exploraciones y explotaciones off shore que van desde la Cuenca Argentina Norte y la Cuenca Malvinas Oeste hasta la Cuenca Austral. Las inversiones en infraestructura y logística que ya existen y las que se están desarrollando en Piedra Colorada, además de una eventual repotenciación de Río Gallegos, debieran considerarse como una nueva ruta occidental que ofrece seguridad energética, sin checkpoints a los países importadores y empresas que convergen con los intereses de la Argentina. En este punto cabría reanudar los esfuerzos bilaterales para encontrar mecanismos que permitan la explotación lícita de hidrocarburos utilizando la fórmula sobre la controversia de soberanía. 

En 1995 la Argentina y el Reino Unido emitieron una Declaración Conjunta sobre Cooperación para Actividades Costa Afuera en el Atlántico Sudoccidental, bajo reserva de soberanía, referida a la exploración y explotación de hidrocarburos en el área sujeta a la disputa de soberanía. En 2007 el Gobierno argentino comunicó al Reino Unido la decisión de darla por terminada porque este pretendía limitar la cooperación a un área de cooperación especial de solo 21.000 km2 y reservar para sus actividades unilaterales todo el resto del área disputada en torno a las islas Malvinas. En el 2011-13 el Congreso de la Nación sancionó leyes que solo permiten operar en la plataforma continental argentina a aquellas empresas que cuenten con autorización de la Secretaría de Energía, imponiendo sanciones administrativas y penales en caso de incumplimiento.  

Todas las normas, las del 2007 y las del 2011/13, solo han tenido un éxito principalmente declarativo ya que no existía interés de compañías petroleras en invertir en el territorio marítimo ocupado (Sea Lion) porque el precio del barril de petróleo no lo justificaba. Hoy, en cambio, la situación ha cambiado. El contexto internacional y el positivo desarrollo argentino en su política energética deben ser tenidos en cuenta. Los precios del barril debido a los conflictos en Medio Oriente, el agotamiento de cuencas en el mar del Norte (lo cual implica la disponibilidad de plataformas) y otras variables que hacen a la geoeconomía, hoy hacen rentables las inversiones que se intentaron prohibir en su momento. 

Por otra parte, el potencial del desarrollo energético en la región patagónica y las inversiones en infraestructura y logística en curso obligan a estas empresas a tomar decisiones estratégicas que, en caso de no cumplir con la legislación argentina, no tendrán el marco de seguridad jurídica para sus actividades de exploración y explotación de hidrocarburos en el área marítima ocupada y/o participar en actividades económicas y financieras en tierra regidas por la legislación argentina. Las últimas medidas del Gobierno argentino definen el marco legal en el marco de la ley 26.659, el decreto 983/2026, sus actividades de seguimiento y el rol del Congreso de la Nación en la aprobación de leyes basadas en el cumplimiento de la Constitución Nacional son una garantía de ello. 

Al momento, los instrumentos disponibles y la práctica diplomática tradicional (notas de protesta, instrumentos jurídicos y gestiones basadas en “lo que debiera ser” según algunas interpretaciones del derecho internacional) ¿serán un fin en sí mismo o un instrumento de negociación para, como indican las resoluciones de la AGNU, “resolver pacífica y definitivamente los problemas entre los dos países”? Lo cual no significa que estos instrumentos deban dejar de usarse ya que siempre son útiles en eventuales instancias negociadores sobre el problema. Ahora bien, el no contar con una política integral y con una visión de largo plazo en este tema afecta a la seguridad jurídica para otras inversiones off shore en todas las cuencas del mar Argentino, las cuales, además, pudieran acceder a servicios desde la costa patagónica. La geografía manda; la infraestructura y logística costera y los marcos jurídicos adecuados deben ser factores para tener en cuenta. 

Un esquema de aprobación conjunta bilateral entre ambos Estados podría ser la solución. Las formas de asociación, ya sea por empresas públicas, mixtas o privadas, o asociaciones/joint ventures, con financiamiento propio o de terceros (sin condicionarlas por su origen) bajo fórmula de salvaguardia de soberanía sería compatible con las disposiciones de esta ley, toda vez que se contara con la autorización ambas Secretarías de Energía (Argentina-Reino Unido). Ello generaría asociaciones empresarias y beneficios para ambas partes, y sentaría las bases para un desarrollo económico integrado (con todas las variables que hacen a las cadenas de proveedores y servicios vinculados) con el continente. Además de la seguridad jurídica para este tipo de inversiones, la conveniencia de garantizar presencia decisoria en materia de proyectos de inversión y regulaciones vinculadas en una zona en disputa, según el régimen que se decida, tendrá un impacto positivo en materia fiscal y eventualmente aprovechamiento del litoral patagónico en materia de servicios.  

Desde el punto de vista del reconocimiento de la existencia de una disputa, una fórmula con la cobertura del “paraguas de soberanía” recíproco tendría la ventaja de generar actividades con capacidad de decisión del Gobierno argentino en un territorio ocupado. Adicionalmente, ello podrá ser un instrumento para promover actividades del sector privado argentino en toda la zona ocupada, cuestión a la que hoy las islas se oponen. Es un tema para analizar en un esquema basado en las normas argentinas que deberán formularse para estos casos. 

Mientras tanto, de continuar con el estatus actual, la explotación de recursos naturales de la plataforma patagónica y del mar austral argentino solo beneficia a una de las partes del conflicto y no es necesariamente la nuestra. En síntesis, la soberanía en términos prácticos también se basa en generar instrumentos, capacidad de ejecución y usar sus recursos naturales en beneficio del país y de su población. 

En el sector pesquero, un primer paso consistiría en continuar con la cooperación en materia de análisis científico conjunto de stocks de pesca, a los fines de evitar la sobreexplotación en el área, iniciada hacia fines de los años 90 y profundizada en el 2018 dentro del marco del Subcomité Científico bilateral de pesca que fue suspendido en el 2020.  Este tipo de iniciativas podrían ser reforzadas multilateralmente a través de la FAO (Conferencia para el Ordenamiento y Desarrollo Pesquero, 1984 y propuestas relacionadas en el Comité de Pesca y en su Subcomité de Comercio Pesquero en 1986) para el establecimiento de un marco multilateral para el comercio de productos pesqueros, en este caso, específico para el Atlántico Sur, como existe para otras regiones pesqueras. 

En una segunda instancia, cabría explorar la posibilidad de encontrar esquemas de explotación pesquera conjunta, bajo reserva de soberanía, vía joint ventures, que permitan a las empresas actuar conforme a la ley argentina (que prohíbe operar en la zona económica exclusiva sin autorización argentina), dando lugar no solo a una explotación sustentable de los recursos, sino también a una mayor participación de flotas argentinas en la pesca del calamar y merluza en una zona marítima ocupada. Desde hace unos años, los beneficiarios del otorgamiento de licencias pesqueras dadas desde las islas son las flotas españolas, portuguesas (relacionadas con la industria pesquera en Vigo), taiwanesas y polacas entre otras. Las flotas pesqueras chinas utilizan la milla 201, lo cual es otro problema para resolver desde el lado argentino exclusivamente y está fuera de este ámbito bilateral con el Reino Unido (aunque no lo estaría dentro del marco de una región pesquera regulada por un marco multilateral del sistema de las Naciones Unidas).

Hasta aquí se han desarrollado las áreas donde hoy existen actividades concretas que han sido y debieran ser objeto de atención inmediata, ya que existen instrumentos que podrían perfeccionarse en función de las experiencias anteriores. 

Sin embargo, en la elaboración de esta estrategia debieran incluirse otros temas que podrían generar beneficio mutuo y permitir que empresas basadas en el país pudieran participar en un territorio que le pertenece según la Constitución Nacional.  Ello solo será posible sobre la base de una política que persiga el propósito de lograr una relación más constructiva con el Reino Unido y abrir por su intermedio canales de diálogo con los habitantes de las islas. El plan de desarrollo 2026-2040 publicado en las islas indica las prioridades actuales y los objetivos de largo plazo, muchos de los cuales podrían ser suplidos desde el continente, con el objetivo de generar confianza e incrementar la interacción, y, a la vez, beneficiar a proveedores argentinos. 

En este contexto, será de gran utilidad identificar todas las normas federales, provinciales y municipales que ponen obstáculos a la relación del continente hacia las islas, lo cual es ridículo cuando las islas son parte del territorio nacional. Es más, estas normas, muchas de las cuales han producido los efectos contrarios, solo han beneficiado a los terceros países que han provisto la logística para el aprovisionamiento y servicios marítimos que operan en el Atlántico Sur, dentro y fuera de la zona económica exclusiva. Es más, si el objetivo de estas normas ha sido el de encarecerles la vida a los habitantes de la isla, en cambio, ha tenido el efecto contrario: les reforzó los vínculos con terceros países. Los niveles alcanzados de ingreso per cápita hablan por sí solos. 

Las áreas de trabajo que debieran ser parte de una estrategia son: turismo complementario al que potencialmente ofrece el continente, con énfasis en Tierra del Fuego, la costa patagónica con Buenos Aires como centro de llegada; telecomunicaciones, provisión de servicios de internet desde el continente (el actual es caro e inconstante en las islas); servicios de salud en la Argentina continental; infraestructura y logística; vínculos educativos y culturales; comercio de bienes y servicios; utilización de la infraestructura patagónica para la explotación de la industria ovina (carne y lanas); cooperación en materia de suelos y energías nuevas y renovables. Es obvia la conexión de todas estas áreas con la participación privada ya sea por ejecución directa, asociaciones empresarias o participación accionaria en empresas y fondos que ya trabajan en las islas. La cooperación científica y técnica en sectores que puedan ser identificados en apoyo a estas actividades también deberían ser parte del proceso. 

Para ello sería necesario establecer un instrumento bilateral que coloque bajo reserva de soberanía y regule las actividades comerciales o privadas que se desarrollen como consecuencia de la presente estrategia. 

Dentro de estos parámetros, y en las fases de las negociaciones que den lugar para ello, también será necesario generar propuestas para una eventual resolución definitiva de la disputa, siguiendo el “espíritu” de las propuestas negociadas bilateralmente en 1968 (transferencia de soberanía), 1974 (condominio) y 1980 (lease-back). El resultado debería consistir en un esquema concreto de reincorporación de las islas a la jurisdicción argentina basada en el federalismo, donde se definirían los vínculos institucionales, económicos y jurídicos entre las islas y el continente. Si así fuese, deberán formularse regímenes especiales para las islas en las siguientes materias: aduanera; fiscal; migratoria; monetaria; cooperación en defensa y seguridad internacional en el Atlántico Sur. Desde lo institucional, el marco institucional dispuesto por la Constitución Nacional no genera contradicción alguna con este enfoque. Por otra parte, el tema Malvinas es un tema de política exterior. Y, la política exterior, según la Constitución Nacional, es responsabilidad del Poder Ejecutivo Nacional. Una declaración de certeza de la Corte Suprema de Justicia sería muy oportuna en este sentido. 

El diseño y los consensos internos de una estrategia como la propuesta dotaría de contenido y rumbo a la política oficial sobre Malvinas, y mostraría la voluntad argentina de buscar soluciones concretas a la disputa. Tampoco debería descartarse un punto de llegada transitorio o provisional (aunque prolongado en vigencia) como punto intermedio que permita probar en la práctica la fórmula de solución que se alcance.  

¿Cuáles serían las reacciones del Reino Unido en caso de que se le presentase un esquema inicial para conversar sobre algunos de estos temas? Ante las consultas internas que realizaría el Gobierno británico, resulta obvio que la reacción de los habitantes de las islas ante estas propuestas será muy negativa, ya que está en su interés inmediato procurar concesiones unilaterales y rechazar toda propuesta de cooperación económica en sintonía con el lobby isleño que actualmente se beneficia del esquema cerrado de negocios que impera en las islas. 

No obstante, aunque fuese rechazado en una primera instancia, un enfoque de este tipo favorecería a la Argentina porque mostraría la disposición y buena fe de nuestro país para avanzar en pasos concretos para generar confianza y beneficios mutuos, y obligaría al Reino Unido a justificar su negativa con el consiguiente eventual costo político, al menos internacionalmente ya que en su parlamento no es un tema que estén interesados en discutir ni tampoco es prioritario a menos que hechos confrontativos o inventados sean manipulados para unificar posiciones a nivel de partidos políticos.   

Es fundamental en este punto que el mensaje de la Argentina hacia el Reino Unido sea que el compromiso de remover obstáculos al desarrollo de las islas, incluido en el Comunicado Conjunto del 13 de septiembre de 2016, se entienda que no es unilateral, sino recíproco. El texto es concreto al respecto. En efecto, cabría argumentar que el principal obstáculo a su desarrollo es la negativa británica para cooperar con la Argentina, la negativa aislacionista de los isleños en establecer vínculos comerciales y, obviamente, la disputa de soberanía, la cual, jurídicamente, es neutralizada por el artículo 2 de los acuerdos de Madrid de 1989 (citados en la declaración conjunta).  

Así lo fue en el proceso iniciado en los años 1989/90 y continuado en el 2016 con los siguientes, entre tantos otros, instrumentos: el apoyo de un comité parlamentario multipartidario de ambos Estados; misiones comerciales; promoción de inversiones; apoyo a empresas argentinas con interés en el mercado británico y viceversa; concesión de créditos comerciales por el Reino Unido; visitas de la Fragata Libertad; gestiones gubernamentales de ambas Embajadas y de múltiples áreas de gobierno; acuerdos en una serie de temas donde se destacan los de ciencia y tecnología; formación profesional y cooperación académica; actividades deportivas y culturales; activa participación de sectores privados ya sea por actividades de las Cámaras de Comercio y empresas agrupadas por sectores e individuales; y estudios para facilitación de comercio de bienes bilateral.  En síntesis, todo el soft power argentino disponible más la decisión de crear diálogos intergubernamentales en las áreas política, de comercio y defensa.  

Es así como se demostró que fue posible generar consensos en algunas áreas específicas como el proyecto humanitario, vuelos, pesca, comercio e inversiones, ciencia y tecnología, deportes, turismo y generar instrumentos de diálogos institucionales en las áreas de comercio, política y defensa. El contexto actual, geopolítico y geoeconómico, es hoy favorable para avanzar en temas concretos que hacen al establecimiento de un área de cooperación, seguridad y estabilidad en el Atlántico Sur. Así fue en los periodos no confrontativos ya mencionados. Hoy, el contexto internacional, el potencial económico argentino promovido por las políticas económicas a nivel nacional y en la región patagónica en particular generan un marco positivo para avanzar aún más en esta dirección. 

Esta nueva mirada, condición necesaria para la proyección de la Argentina hacia el desarrollo de su potencial marítimo y continental, presenta un primer reto evidente: la Argentina por sí sola no está en condiciones económicas de poner en marcha un plan como el que se propone. En ese contexto, será necesario identificar con gran realismo, con liderazgo argentino una “hoja de ruta” basada en las siguientes directrices: 

1. Garantizar el Atlántico Sur como zona de cooperación, seguridad y estabilidad desde la geopolítica.     
2. Identificar los aliados posibles que debieran asegurar explotación sustentable de la riqueza de los recursos naturales marítimos de la plataforma continental asociada al desarrollo de la costa patagónica y su plataforma desde una visión de desarrollo integral.     
3. Entender la disputa de soberanía en un contexto de ir generando los instrumentos para controlar y explotar los recursos marítimos del Atlántico Sur en función de los intereses del país y para el bien de su población. La “integridad territorial” (6.ta disposición de la Res. 1514/XV de la AGNU) será el resultado práctico del enfoque propuesto en las páginas anteriores.     
4. La ejecución de este plan va a requerir una conducción centralizada y un apoyo político constante para reformar las leyes que garanticen el desarrollo sostenido y sustentable para toda la Patagonia y su plataforma continental.      
5. A sabiendas de que estamos frente a una cuestión de política exterior, la cual, según la CN, corresponde al Poder Ejecutivo, el proceso de discusión interna de esta estrategia deberá estar liderado por la Cancillería, Economía y Defensa (según las áreas de competencia), organismos del Estado con responsabilidades específicas según las actividades previstas y en consultas con el sector privado, academia, autoridades provinciales patagónicas, poder legislativo y sectores de la sociedad civil según las áreas que correspondan. Deberá hacerse por fases, utilizando todos los canales posibles y sin limitaciones temporales y, siempre, bajo la fórmula ya usada en el artículo 2 de los Acuerdos de Madrid de 1989. 
6. Elaborar una estrategia comunicacional y educacional que, a la vez de revindicar la soberanía argentina sobre las islas, genere y explique un enfoque diferente al de la suma cero y de una concepción nacionalista basada exclusivamente en el “territorio” que simplifica los términos del diferendo. La experiencia indica que ello solo ha conseguido alejarnos cada vez de la solución del problema y espantar a potenciales inversores en los proyectos que pudiesen surgir de esta estrategia. En ese sentido, los familiares de los caídos que hoy yacen o son mencionados en el cementerio argentino en Darwin son quienes han dado el mejor ejemplo en ese sentido. 

El concepto de soft power está basado en la capacidad de obtener lo que se desea no a través de la coerción, máxime cuando se debe ser consciente de la capacidad relativa y la falta de instrumentos para ejercerla, sino a través de la atracción de lo que se ofrece. Esta es una forma práctica de construcción de una presencia que debiera redundar en el establecimiento de una autoridad obligada en el diferendo que se intenta resolver. 

Los apoyos a nivel multilateral y los instrumentos de cooperación generados a partir de las declaraciones conjuntas de 1971, 1989 y 2016 marcan un camino que permitirá cumplir con el mandato constitucional. Aun así, es necesario avanzar en el debate interno para intentar una discusión seria, no solo basada en las emociones y/o reacciones ante iniciativas de terceros (externos o internos), conceptual, integral y con una visión de largo plazo y en las fases y tiempos que correspondan, nos permita sentar las bases para resolver los problemas pendientes entre los dos países y la disputa de soberanía tal como las Naciones Unidas invitan a ambas naciones.

En síntesis, se trata de aplicar la cláusula transitoria de la Constitución Nacional de la República Argentina de 1994 utilizando las directrices de su segundo párrafo para ello.