El artículo examina la hipótesis de que el "sur global" no es una categoría estructural con una base económica o identitaria común, sino una etiqueta política y discursiva construida sobre el rechazo táctico al orden internacional liderado por Estados Unidos. A través del análisis de tres dimensiones empíricas —la extrema concentración geográfica del comercio sur-sur en torno a China, la fragmentación del voto en la Asamblea General de la ONU ante la invasión a Ucrania (explicada mejor por el tipo de régimen político que por la geografía), y la fractura interna de los BRICS ampliado frente a la guerra entre EE. UU., Israel e Irán en 2026— el autor demuestra la debilidad del concepto. La evidencia contemporánea revela que las respuestas internacionales de los países en desarrollo no responden a una solidaridad colectiva, sino a cálculos bilaterales y transaccionales atomizados según el interés nacional de cada Estado.

Asimismo, el documento cuestiona la tendencia a vincular el concepto de "sur global" con la escuela de la autonomía latinoamericana de Juan Carlos Puig y Hélio Jaguaribe, calificando esta filiación como espuria. A diferencia de la retórica del sur global, el autonomismo clásico nunca presuponía una identidad solidaria, sino que entendía las alianzas y la integración regional como herramientas estrictamente instrumentales para maximizar la capacidad de decisión individual de cada Estado frente a las grandes potencias. El artículo concluye que, ante un escenario global caracterizado por clivajes cruzados y dependencias específicas, la política exterior (particularmente la argentina y latinoamericana) debe abandonar la ilusión de pertenencia a un bloque inexistente y priorizar un cálculo pragmático de autonomía relacional basado en los costos y beneficios de sus vínculos reales.

Introducción

El 28 de febrero de 2026, Estados Unidos e Israel lanzaron una serie de ataques aéreos sorpresa contra Irán, en medio de negociaciones diplomáticas indirectas que se desarrollaban entre Washington y Teherán desde principios de febrero. Irán respondió con misiles y drones contra Israel, y contra bases militares estadounidenses en Bahréin, Kuwait, Qatar, los Emiratos Árabes Unidos, Arabia Saudita, Jordania e Irak, e impuso un cierre selectivo del estrecho de Ormuz, lo que disparó los precios internacionales del petróleo y el gas natural. La crisis —precedida por la llamada “guerra de los Doce Días” de junio de 2025 y por meses de sanciones económicas crecientes contra Teherán— reabrió de inmediato una pregunta recurrente en el análisis internacional contemporáneo: ¿cómo respondería el “sur global” ante una agresión militar de esta magnitud, ejercida por dos potencias occidentales contra un país que integra, desde el 1 de enero de 2024, el bloque BRICS ampliado?

La respuesta, en los hechos, fue la ausencia de una respuesta unificada. A diferencia de lo ocurrido durante la crisis de junio de 2025, cuando el bloque logró emitir una declaración conjunta condenando los ataques israelíes, en 2026 los BRICS no consiguieron articular una posición común. India, en su carácter de presidencia rotativa del grupo, evitó deliberadamente confrontar a Washington y Tel Aviv; Brasil, Rusia y China condenaron los ataques con mayor firmeza; y los Emiratos Árabes Unidos —miembro pleno del bloque desde 2024— sufrieron el impacto de misiles disparados por otro miembro pleno, Irán. Arabia Saudita, país asociado al grupo, advirtió que se reservaba el derecho a represalias si los ataques iraníes continuaban. Dos integrantes de la misma plataforma que pretende presentarse como la voz articulada del sur global terminaron, en los hechos, en extremos opuestos de un intercambio de fuego regional.

Este episodio —todavía en desarrollo al momento de escribir estas líneas, por lo que aquí se documenta apoyándose en fuentes periodísticas antes que en literatura académica revisada por pares— no es una anomalía aislada. Es, más bien, la confirmación más reciente de una tesis que excede la coyuntura: el “sur global”, tanto en su versión clásica de “tercer mundo” como en su reformulación contemporánea, nunca describió una base material o estructural compartida entre sus integrantes. Fue, desde su origen, una construcción discursiva y política, sostenida alrededor de un denominador común mucho más estrecho que la “solidaridad” que retóricamente se le atribuye: el rechazo táctico al orden internacional liderado por Estados Unidos. Cuando ese rechazo deja de ser funcional a los intereses concretos de cada Estado —o, más radicalmente, cuando ni siquiera existe ya un rechazo compartido, sino posturas estrictamente bilaterales y transaccionales—, la etiqueta se vacía de contenido operativo, aunque sobreviva como retórica diplomática en foros multilaterales.

Este comentario estratégico se propone examinar esa tesis con la mayor rigurosidad empírica posible. Para ello, se revisan tres dimensiones en las que cabría esperar que la cohesión del sur global se manifestara, si existiera: los patrones de comercio internacional, los patrones de voto en la Asamblea General de las Naciones Unidas y la respuesta a crisis de seguridad recientes. El artículo también recupera una tradición teórica latinoamericana —la escuela de la autonomía, de Juan Carlos Puig y Hélio Jaguaribe— que, se argumenta, ofrece herramientas analíticas más precisas que la categoría “sur global” para pensar la inserción internacional de los países en desarrollo. El argumento central es que la evidencia disponible no solo confirma la fragilidad conceptual del sur global, sino que sugiere algo más inquietante: ni siquiera el “rechazo táctico a Estados Unidos” alcanza para explicar el comportamiento internacional contemporáneo de estos países. Lo que la evidencia muestra es una geopolítica de intereses nacionales atomizados, sin proyecto colectivo de ningún signo.

1. Genealogía de una etiqueta política

La idea de que el sur global comparte una identidad política nace de una historia concreta, no de una estructura económica. El concepto desciende directamente del “tercer mundo”, una categoría acuñada en la Guerra Fría para denominar a los países que no se alineaban formalmente ni con el bloque occidental capitalista ni con el bloque soviético. Vijay Prashad, en su historia política de esa idea, lo formula con una claridad que merece citarse: “El Tercer Mundo no era un lugar. Era un proyecto” (Prashad, 2007, p. xv). Esa distinción es crucial. Un lugar se describe por sus coordenadas materiales: población, producto bruto, estructura productiva, integración comercial. Un proyecto, en cambio, se define por una intención política compartida. Y la intención política que unió a los firmantes de la Declaración de Bandung en 1955, y luego a los fundadores del Movimiento de Países No Alineados, fue explícitamente de naturaleza anticolonial y antiimperialista: la resistencia conjunta a la dominación de las dos superpotencias de la Guerra Fría, con un énfasis particular —dado el patrón histórico de colonización— en la crítica al poder occidental y, en su núcleo duro, estadounidense (Prashad, 2007).

Esta genealogía no es un dato menor ni anecdótico: es la base misma sobre la que se construyó después la noción de “sur global”. El término reemplazó gradualmente a “tercer mundo” tras el fin de la Guerra Fría, cuando la bipolaridad este-oeste dejó de ser un marco de referencia útil, pero conservó la misma función relacional: definirse no por lo que se es, sino por lo que se rechaza o por la posición subordinada que se ocupa frente a un “norte” igualmente impreciso. La literatura especializada más reciente ha llamado la atención sobre esta indeterminación conceptual. En un volumen de referencia publicado en Third World Quarterly, Haug, Braveboy-Wagner y Maihold (2021) caracterizan al “sur global” como una “meta-categoría” que ha experimentado un crecimiento exponencial en el discurso académico desde la década de 1990, pese a la ausencia de consenso sobre su significado, y proponen al menos tres lecturas no necesariamente compatibles entre sí: una que enfatiza la marginalidad socioeconómica, otra que subraya la construcción de alianzas multilaterales, y una tercera que la entiende ante todo como resistencia al poder hegemónico global. Las autoras concluyen que, dada esta heterogeneidad de sentidos, el término solo resulta analíticamente útil si se lo emplea de manera específica y acotada a un problema concreto —y no como descripción general de un bloque de actores con intereses comunes— (Haug et al., 2021).

Esa tercera lectura —el sur global como posición de resistencia frente a la hegemonía— es la que con mayor frecuencia subyace al uso político y diplomático del término, y es también la que coincide con la genealogía histórica documentada por Prashad. Los datos disponibles sobre el reciente proceso de ampliación de los BRICS son ilustrativos en este sentido. En agosto de 2023, en la Cumbre de Johannesburgo, el bloque invitó a Argentina, Arabia Saudita, Egipto, Emiratos Árabes Unidos, Etiopía e Irán a incorporarse como miembros plenos a partir del 1 de enero de 2024. La invitación a la Argentina había sido impulsada activamente por la India, sobre la base del tamaño de su economía, su territorio y sus recursos naturales. Sin embargo, el Gobierno de Javier Milei rechazó formalmente el ingreso, optando en cambio por profundizar su alineamiento con Estados Unidos. El caso argentino ilustra, en un solo episodio, la tesis central de este trabajo: cuando la pertenencia formal al espacio discursivo del “sur global” entra en conflicto con el alineamiento estratégico elegido por un Gobierno, es la pertenencia la que cede.

A esto se suma una paradoja adicional, señalada por la literatura especializada más reciente: el bloque BRICS ampliado incorporó simultáneamente a países con relaciones radicalmente distintas —y en ocasiones abiertamente antagónicas— con Estados Unidos. Tawat (2025) lo resume con precisión: algunos países del BRICS+ “son rivales e incluso están enfrentados en un conflicto” entre sí, mientras que “Rusia no se considera parte del sur global”. La inclusión simultánea de Irán y Arabia Saudita —dos potencias regionales con historiales de enfrentamiento directo y vínculos asimétricos con Washington— en la misma plataforma multilateral no es un detalle administrativo: es la prueba de que el criterio de admisión no fue la cohesión estratégica, sino la búsqueda de volumen demográfico y económico para disputar peso relativo frente al G7. Un bloque que crece sumando rivales no está construyendo una identidad compartida: está construyendo una coalición de circunstancia.

2. La economía del sur: integración real, pero no donde se la busca

Si la cohesión política del sur global es, en el mejor de los casos, débil, cabría preguntarse si existe al menos una base material que la sustente: ¿se ha consolidado, en las últimas dos décadas, una economía sur-sur lo suficientemente densa como para constituir un sistema alternativo, o al menos paralelo, al orden comercial centrado en las economías avanzadas? La respuesta, otra vez, es más matizada que lo que sugiere la retórica.

Los datos de UN Trade and Development (UNCTAD) muestran, en efecto, un crecimiento sostenido del comercio sur-sur: su participación en el comercio mundial de mercancías pasó del 11 % en el año 2000 al 26 % en 2024, alcanzando un valor de 6,2 billones de dólares (UNCTAD, 2025). El comercio entre economías en desarrollo siguió expandiéndose en 2025 y en el primer trimestre de 2026, a un ritmo de entre el 8 % y el 9 % interanual, por encima del promedio mundial (UNCTAD, 2026). A primera vista, esta tendencia parecería apoyar la hipótesis de una creciente autonomía económica del sur respecto del norte. Examinada con mayor detalle, sin embargo, la composición geográfica y sectorial de ese comercio cuenta una historia distinta.

En primer lugar, el comercio sur-sur está geográficamente concentrado de manera extrema. Ya en 2005, Asia representaba el 85 % del comercio sur-sur total, incluyendo el comercio intraasiático; las exportaciones de las Américas representaban apenas el 10 % y las de África, el 5 % (UNCTAD, 2008). Esa concentración no se ha revertido: en 2024, las economías asiáticas en desarrollo exportaron el 56 % de los servicios totales del sur global, con China sola explicando 381.000 millones de dólares de ese total (UNCTAD, 2024). En otras palabras, lo que estadísticamente se computa como “comercio sur-sur” es, en proporción abrumadora, comercio intrarregional asiático y comercio impulsado por la inserción de China como manufacturero y comprador global de insumos y commodities. Esto no es un fenómeno de solidaridad política entre el sur, sino la expresión estadística de un proceso mucho más específico: la consolidación de cadenas de valor regionales en el este y sudeste asiático, y el ascenso comercial unilateral de China como centro de gravedad manufacturero. Atribuir ese proceso a una lógica de cooperación “sur-sur” en sentido político equivale a confundir una causa estructural y regional con una intención colectiva que nunca existió como tal.

En segundo lugar —y este es quizás el dato más incómodo para la tesis de una desconexión del sur respecto del norte—, Estados Unidos continúa siendo, individualmente, el principal destino de las exportaciones de las economías en desarrollo en su conjunto. En 2024, los países en desarrollo exportaron 1,8 billones de dólares a Estados Unidos, más que a cualquier otro destino individual, incluida China, que recibió 1,3 billones (UNCTAD, 2025). Si el sur global estuviera efectivamente reorganizando su inserción internacional en torno a una lógica de autonomía respecto de la potencia que supuestamente rechaza, sería razonable esperar una caída relativa —no necesariamente absoluta— de la centralidad de Estados Unidos como mercado de destino. Los datos muestran exactamente lo contrario: la diversificación del comercio del sur ha sido compatible con la persistencia, e incluso profundización en términos absolutos, de su dependencia del mercado estadounidense. La complementariedad económica, no la afinidad ideológica, explica los flujos.

La evidencia sobre inversión extranjera directa sur-sur es más fragmentaria y, por lo tanto, exige mayor cautela interpretativa. Los datos disponibles más sistemáticos corresponden a la década de 2000: para 2006, un 36 % de los flujos globales de inversión extranjera directa —334.000 millones de dólares— tenían como destino a países del sur, la proporción más alta registrada hasta ese momento (UNCTAD, 2008). Los datos más recientes muestran que, en 2023, la inversión extranjera directa hacia las economías en desarrollo cayó un 7 %, mientras que los países menos adelantados experimentaron, en cambio, un crecimiento del 17 % (UNCTAD, 2024). Esta volatilidad y heterogeneidad —marcadamente distinta de la trayectoria sostenida del comercio de bienes— no permite extraer conclusiones firmes sobre la existencia de un patrón de inversión sur-sur estructuralmente diferenciado del flujo de inversión global. Es, en todo caso, un área donde la evidencia disponible es insuficiente para sustentar con la misma solidez ni la hipótesis de integración sur-sur ni su refutación, y donde sería deseable una investigación de seguimiento específica.

En síntesis, la dimensión económica del sur global no muestra evidencia de un proyecto colectivo de desacople respecto del norte. Muestra, en cambio, dos procesos paralelos y bien documentados: la integración regional asiática liderada por China, y la persistencia —e incluso profundización— de la centralidad del mercado estadounidense para el conjunto de las economías en desarrollo. Ninguno de los dos procesos requiere una identidad política compartida del “sur”, ni se explica mejor por ella.

3. El test político: cohesión y fractura en la Asamblea General

Si el comercio no ofrece evidencia clara de una identidad colectiva, la arena más directamente “política” para testear la hipótesis es la votación en la Asamblea General de las Naciones Unidas, el único foro donde casi todos los Estados del sistema internacional expresan, de manera pública y repetida, su posición sobre cuestiones de seguridad, soberanía y orden internacional. La literatura especializada en el análisis cuantitativo de la votación en la Asamblea General —sistematizada por Erik Voeten y, más recientemente, por Bailey, Strezhnev y Voeten (2017) mediante un modelo espacial de “puntos ideales” que permite estimar las preferencias geopolíticas reveladas de cada Estado a partir de su historial de votos— ofrece un terreno particularmente fértil para poner a prueba la cohesión del sur global, precisamente porque permite distinguir entre cohesión retórica y cohesión efectiva de comportamiento.

Los resultados de esa literatura son, cuando se los examina con detenimiento, menos favorables a la tesis de la solidaridad sur-sur de lo que la retórica diplomática sugiere. Ferdinand (2014) analizó el comportamiento de voto de los BRICS en la Asamblea General entre 1974 y 2011 y encontró una cohesión creciente y relativamente alta en el agregado, pero con divergencias persistentes precisamente en las cuestiones de mayor sensibilidad estratégica: desarme nuclear y derechos humanos. Es decir: donde más importa —porque compromete directamente la seguridad nacional o la soberanía de cada Estado— la cohesión se debilita. Dijkhuizen y Onderco (2019), en un estudio posterior centrado específicamente en el comportamiento de copatrocinio de resoluciones, hallaron un dato todavía más revelador: la cohesión de voto de los BRICS, si bien superior al promedio de la Asamblea General en su conjunto, resultó inferior a la cohesión observada entre el resto de los países en desarrollo. En otras palabras: el bloque que más explícitamente se presenta como vocero político del sur global vota, en los hechos, de manera menos unificada que el conjunto más amplio y menos organizado de países en desarrollo que no integran ningún bloque formal. Esto sugiere que la organización formal de la “solidaridad” no se traduce automáticamente en comportamiento más cohesionado; si acaso, ocurre lo contrario, porque la composición de un bloque formal introduce intereses geopolíticos propios —y a menudo contrapuestos entre sus miembros— que no existen en la categoría difusa de “países en desarrollo”.

La crisis de Ucrania ofrece el experimento natural más claro y mejor documentado de esta dinámica, porque generó una secuencia de votaciones en la Asamblea General sobre una cuestión de agresión militar directa, sin ambigüedad legal sobre quién era el agresor. La primera resolución, aprobada el 2 de marzo de 2022 (A/RES/ES-11/1), exigió la retirada de las tropas rusas de Ucrania y fue aprobada por 141 votos a favor, 5 en contra y 35 abstenciones (Organización de las Naciones Unidas [ONU], 2022). El patrón de abstenciones reveló de inmediato la heterogeneidad del supuesto bloque: entre los países africanos, 28 de 54 votaron a favor, 17 se abstuvieron, 8 no participaron y solo uno (Eritrea) votó en contra (ONU, 2022). En Asia, el patrón fue igualmente fragmentado: India, Pakistán, Bangladesh y Sri Lanka se abstuvieron, mientras que la mayoría de los miembros de la ASEAN votaron a favor de condenar a Rusia (ONU, 2022).

¿Qué explica esa heterogeneidad? La literatura especializada coincide en que no es la pertenencia al “sur global” como tal. Farzanegan y Gholipour (2023) muestran, mediante un análisis econométrico riguroso de los determinantes del voto, que la probabilidad de votar a favor de Rusia estuvo asociada de manera robusta a la existencia de acuerdos de cooperación en defensa con Moscú, a una historia más prolongada de gobiernos de izquierda, a la condición de receptor de ayuda económica rusa y a la ausencia de antecedentes de guerra con la Unión Soviética. Tawat (2025), en el estudio más reciente y metodológicamente más completo sobre el comportamiento de voto del G77 —la organización que se autodefine como la mayor representante institucional del sur global en Naciones Unidas— en las seis primeras resoluciones de la sesión especial de emergencia sobre Ucrania, llega a una conclusión todavía más contundente: el carácter del régimen político de cada Estado —liberal o iliberal— resultó ser un predictor más fuerte de su posición de voto que su identidad como país del sur global. Las democracias electorales del sur respaldaron la primera resolución condenatoria en una proporción del 86,21 % (50 de 58 países), prácticamente idéntica a la de las democracias del norte, mientras que los regímenes no democráticos —del sur y, cuando correspondía, también del norte— se mostraron sistemáticamente más reticentes (Tawat, 2025).

Este hallazgo es metodológicamente decisivo. Si la variable que mejor predice el comportamiento internacional de un Estado no es su pertenencia geográfica o histórica al “sur”, sino el carácter de su régimen político y sus vínculos bilaterales específicos de dependencia económica o militar, entonces la categoría “sur global” carece de poder explicativo autónomo: no es la causa del comportamiento, sino, en el mejor de los casos, una correlación espuria que se desvanece en cuanto se introducen los controles adecuados.

En América Latina, este problema tiene implicancias reales para la política exterior. Fortín, Heine, Ominami y Somavía (2025) plantean el “no alineamiento activo” como una postura estratégica que trata a "los países de América Latina y del resto del sur global" como si compartieran la misma presión y necesitaran, por tanto, un mismo remedio jurídico. Ese es precisamente un sujeto colectivo que la evidencia no sostiene. El comportamiento de voto en la ONU que ellos mismos citan como evidencia —la abstención latinoamericana ante las resoluciones sobre Ucrania— no responde a una doctrina compartida, sino a una atomización de cálculos bilaterales que incluye vínculos de defensa con Rusia, historial de gobiernos de izquierda, dependencia de ayuda económica y tipo de régimen político.

4. 2026: Irán: prueba de fuego del sur global ampliado

La guerra iniciada el 28 de febrero de 2026 entre Estados Unidos, Israel e Irán permite extender este análisis al caso más reciente y, por su carácter de experimento natural en tiempo real, más esclarecedor. A diferencia de la invasión rusa a Ucrania, donde Rusia —aunque a menudo agrupada retóricamente con el “sur”— no integra ningún bloque formal sureño y, de hecho, no se autodefine como parte del sur global (Tawat, 2025), la crisis de 2026 involucra a un Estado, Irán, que es miembro pleno y formal del bloque BRICS ampliado desde enero de 2024. Esto convierte al episodio en una prueba mucho más directa de la cohesión del bloque que cualquier crisis anterior, porque no exige inferir la solidaridad “sur-sur” a partir de afinidades difusas: la pone a prueba directamente, dentro de la propia membresía institucional.

El resultado, según la información disponible al momento de escribir estas líneas —dado que se trata de un proceso en curso, todavía no procesado por la literatura académica revisada por pares, por lo que el contenido de este apartado se ofrece a título estrictamente ilustrativo y no con el mismo estatuto evidencial que el resto del trabajo—, fue la fractura. A diferencia de la guerra de los Doce Días de junio de 2025, cuando los BRICS lograron emitir una declaración conjunta de condena a los ataques israelíes contra Irán, en la crisis de 2026 el bloque no consiguió articular una posición común. India, que ejerce la presidencia rotativa, optó deliberadamente por una postura de ambigüedad calculada que evitara confrontar a Washington y Tel Aviv, en una decisión que generó críticas de la oposición interna india, pero que reflejó el cálculo estratégico de Nueva Delhi de preservar simultáneamente sus vínculos con Estados Unidos, con Israel y con la lógica multilateral del bloque. Brasil, Rusia y China, en cambio, condenaron los ataques con mayor firmeza. Y, en el dato más elocuente de todos, los Emiratos Árabes Unidos —miembro pleno del BRICS desde 2024— sufrieron daños por el impacto de misiles disparados por Irán, otro miembro pleno del mismo bloque, mientras que Arabia Saudita —país asociado al grupo— advertía públicamente que se reservaba el derecho a represalias si los ataques iraníes continuaban.

No se trata, en este caso, de una simple divergencia diplomática o de matices retóricos en una declaración conjunta. Se trata de dos integrantes de la misma plataforma multilateral que terminaron, en los hechos, intercambiando o amenazando con intercambiar fuego militar directo, mientras un tercer miembro de mayor peso relativo (India) optaba por no condenar a los atacantes occidentales por temor a dañar vínculos bilaterales propios. Si el sur global fuera, como sugiere su uso retórico, una comunidad de intereses compartidos frente al norte, este sería precisamente el tipo de crisis en la que esa comunidad debería manifestarse con mayor claridad: una agresión militar directa, unilateral y de potencias occidentales contra un Estado miembro del bloque. Que ocurra exactamente lo contrario —fractura interna, ambigüedad calculada y hostilidad cruzada entre miembros— constituye la evidencia más reciente, y más difícil de relativizar, de que la cohesión del sur global, lejos de ser una base estructural del comportamiento internacional contemporáneo, es en el mejor de los casos una aspiración retórica que se disuelve en el momento exacto en que más se la necesitaría.

5. Autonomía y sur global: una filiación espuria

Las secciones anteriores documentan la fragilidad empírica del “sur global” como categoría explicativa. Pero el propósito de este comentario no es proponer un simple reemplazo retórico —sustituir una etiqueta débil por otra más prestigiosa— sin antes someter a examen crítico un fenómeno específico del debate académico y de política exterior latinoamericano, y argentino en particular, de la última década y media: la tendencia, consolidada desde que la noción de “sur global” adquirió centralidad discursiva hacia comienzos de la década de 2010, a presentarla como si fuera una continuación natural —un desprendimiento contemporáneo— de la escuela de la autonomía desarrollada por Juan Carlos Puig y Hélio Jaguaribe entre las décadas de 1960 y 1980. Este comentario sostiene que esa filiación es, en rigor, espuria. El “sur global” no es un desarrollo posterior de la autonomía: carece, precisamente, del rasgo que distingue a esta última de cualquier otra teoría de inserción internacional periférica, que es la ausencia de todo presupuesto de solidaridad o identidad colectiva entre Estados periféricos.

A diferencia del estructuralismo cepalino y de la teoría de la dependencia —que tuvieron mayor proyección internacional, pero que, como toda la familia de enfoques estructuralistas, tendían a explicar el comportamiento de los Estados periféricos primordialmente por su posición en una estructura económica global jerárquica—, la escuela de la autonomía centró su atención en la capacidad de decisión de cada Estado dentro de los márgenes que el sistema internacional, pese a su asimetría, efectivamente permite (Briceño Ruiz y Simonoff, 2017; Simonoff y Lorenzini, 2019). Puig (1980) definió la autonomía como “la máxima capacidad de decisión propia que se puede tener, teniendo en cuenta los condicionamientos objetivos” del sistema internacional: una definición que no presupone ninguna identidad compartida entre los Estados periféricos, sino que pone el énfasis exclusivamente en la relación bilateral y específica de cada Estado con la potencia o las potencias hegemónicas de su entorno relevante. Jaguaribe (1979), por su parte, distinguió entre la “autonomía periférica” —disponible para Estados de mediano desarrollo relativo, como los de América Latina— y la “autonomía céntrica” de las grandes potencias, articulando una gradación de opciones estratégicas que es, justamente, lo que la categoría “sur global” no permite distinguir, porque agrupa indiscriminadamente a Estados que ocupan posiciones radicalmente distintas en ese espectro.

El argumento central de los autores de la escuela de la autonomía —y este es el punto donde su aporte resulta más relevante para distinguirla del sur global— es que la integración entre países periféricos no era pensada como un fin solidario en sí mismo, sino como un instrumento al servicio de la autonomía individual de cada Estado: la integración regional aumentaría los costos de una eventual intervención de la potencia hegemónica sobre las políticas autonomistas de cualquiera de sus integrantes, funcionando como un “reaseguro” estratégico (Simonoff y Lorenzini, 2019). Cada Estado tiene intereses nacionales objetivos y diferenciados, y la cooperación con otros Estados periféricos —incluida la integración regional— solo tiene sentido en la medida en que sirve instrumentalmente a esos intereses particulares (Lorenzini y Pereyra Doval, 2013). No hay, en esta tradición, ninguna presunción de solidaridad antiimperialista compartida que deba sostenerse contra la evidencia empírica de que cada Estado actúa, en última instancia, según su propio cálculo de costos y beneficios. Esta es, precisamente, la diferencia que el uso corriente del término “sur global” en el debate latinoamericano tiende a borrar.

¿Cómo se explica, entonces, que ambas tradiciones hayan terminado fusionándose en buena parte del discurso académico y de política exterior latinoamericano contemporáneo, al punto de que invocar el legado de Puig y Jaguaribe se haya vuelto, en ciertos círculos, casi sinónimo de invocar la pertenencia retórica al sur global? Briceño Ruiz y Simonoff (2017) ya advertían que la escuela de la autonomía fue, en su origen, una contribución teórica genuinamente original de América Latina, distinta —y en ese sentido no reductible— a otras corrientes que sí lograron “viajar” hacia el resto del mundo en desarrollo, como el estructuralismo cepalino y la teoría de la dependencia. Esa misma originalidad, sin embargo, es la que hoy parece diluirse cuando el autonomismo se lee en clave de sur global. Una primera explicación, la más benigna, es de naturaleza puramente hermenéutica: una lectura apresurada o selectiva de Puig y Jaguaribe puede retener su vocabulario crítico del poder hegemónico —la denuncia de la asimetría estructural, la reivindicación de mayores márgenes de maniobra frente a Estados Unidos— sin retener, al mismo tiempo, su punto de partida estrictamente estadocéntrico e individualista. Esa lectura selectiva permite deslizar, casi sin esfuerzo argumentativo adicional, el vocabulario autonomista hacia el vocabulario —estructuralmente distinto— de la solidaridad sur-sur, sin que quien lo hace perciba necesariamente la sustitución conceptual que está operando.

Una segunda explicación, que este comentario no puede demostrar de manera concluyente, pero que merece formularse con el cuidado que el caso requiere, es de naturaleza menos involuntaria. Cabe conjeturar que ciertos sectores de la academia y de la política exterior latinoamericana —y argentina en particular— hayan tenido incentivos institucionales para presentar posiciones de política exterior específicas, alineamientos puntuales o participación en determinados foros multilaterales, bajo el paraguas retórico de una tradición teórica genuinamente original y rigurosa —la de Puig y Jaguaribe—, antes que bajo el paraguas más débil y más fácilmente impugnable del “sur global”. La autonomía ofrece, en ese sentido, una cobertura intelectual más sólida —y, en términos de prestigio académico, de acceso a financiamiento y de legitimación pública de posiciones de política exterior, más rentable— que la categoría “sur global”, precisamente porque esta última ha sido sometida a un escrutinio crítico mucho más exigente (Haug et al., 2021). Bajo esta hipótesis, la fusión de ambas tradiciones no sería tanto un error de lectura como una estrategia retórica —consciente o semiconsciente— de ciertos actores académicos y de política pública para capturar la legitimidad acumulada de una escuela teórica rigurosa en función de objetivos que tienen poco que ver con su contenido original.

Cualquiera sea la explicación correcta —y es plausible que ambas operen de manera simultánea y se refuercen entre sí—, la confusión entre ambas tradiciones tiene un costo analítico que no debería subestimarse. Le permite al “sur global” heredar, sin haberlo ganado en sus propios términos, el prestigio intelectual de una escuela que sí ofrece un aparato conceptual riguroso y, como se mostró en las secciones anteriores, más consistente con la evidencia empírica disponible. Y le permite, simétricamente, a la autonomía cargar —también sin merecerlo— con las inconsistencias empíricas que este trabajo documentó respecto del sur global. Distinguir ambas tradiciones no es, entonces, un ejercicio puramente terminológico: es la condición necesaria para evaluar correctamente cuál de las dos ofrece una base analítica más sólida para pensar la política exterior latinoamericana, y para que la crítica fundada al sur global no termine, por simple contigüidad retórica, salpicando a una tradición que nunca compartió sus supuestos.

Esa base más sólida es, precisamente, la que permite explicar mejor el patrón empírico documentado en las secciones anteriores: el rechazo argentino a integrar formalmente los BRICS, la heterogeneidad de voto frente a la invasión de Ucrania, la fractura del bloque ampliado ante la crisis de 2026. En cada uno de estos episodios, lo que determinó el comportamiento de cada Estado no fue una identidad sureña compartida, sino un cálculo específico —y, en ese sentido, plenamente compatible con la noción de autonomía, aunque no con su apropiación retórica bajo la etiqueta de sur global— sobre los costos y beneficios de cada curso de acción disponible, dados sus vínculos bilaterales concretos con las potencias relevantes para su propia inserción internacional. La autonomía, correctamente entendida, no necesita que la solidaridad exista para funcionar como marco analítico: solo necesita que cada Estado actúe racionalmente en función de sus propios márgenes de maniobra. Por eso explica mejor lo que efectivamente ocurre, y por eso, también, conviene devolverle su especificidad frente a una etiqueta que terminó por anexarla sin derecho propio.

Conclusión: hacia una agenda de investigación

¿Verifican los datos la hipótesis de que el sur global fue, ante todo, una etiqueta política construida sobre un rechazo táctico compartido a Estados Unidos, más que sobre una base material real? La evidencia revisada en este trabajo ofrece una respuesta matizada, pero en líneas generales afirmativa, con una calificación importante que conviene hacer explícita.

En su dimensión genealógica, la hipótesis se confirma con solidez: tanto la literatura histórica (Prashad, 2007) como la literatura conceptual contemporánea (Haug et al., 2021) documentan que el “tercer mundo” y, después, el “sur global” fueron ante todo proyectos políticos definidos por oposición —primero, a las dos superpotencias de la Guerra Fría; y luego, de manera creciente y casi exclusiva, al orden unipolar liderado por Estados Unidos tras 1991—, y no descripciones de una estructura económica o social compartida entre sus integrantes.

En su dimensión contemporánea, sin embargo, los datos sugieren una conclusión más radical que la hipótesis original. No se trata solamente de que la solidaridad del sur global sea “más ideológica que estructural”, como plantea el argumento de partida. Los patrones de comercio (concentrados en la dinámica asiática y en la centralidad persistente del mercado estadounidense), los patrones de voto en la Asamblea General (mejor explicados por el carácter del régimen político y por vínculos bilaterales específicos que por la identidad sur-sur) y la fractura del BRICS ampliado ante la guerra de 2026 muestran que ni siquiera existe ya, de manera generalizada, ese rechazo táctico compartido a Estados Unidos. Lo que existe es un conjunto de cálculos estrictamente bilaterales y nacionales, en los que cada Estado decide su posición en función de sus propios vínculos de dependencia económica, militar y política —que pueden, según el caso, alinearlo con Washington, con Pekín, con Moscú, o con ninguno de los tres simultáneamente—. El “sur global” no es, entonces, una alianza táctica antiestadounidense disfrazada de solidaridad: es, las más de las veces, una etiqueta retórica que convive con comportamientos plenamente atomizados.

Esta conclusión tiene implicancias prácticas directas para la política exterior argentina y, más en general, latinoamericana. Si la pertenencia discursiva al “sur global” no aporta ninguna ventaja estructural verificable —ni en términos comerciales, ni en términos de respaldo político efectivo en momentos de crisis—, entonces el criterio relevante para el diseño de la política exterior no puede ser la identidad retórica, sino el cálculo específico de autonomía que la tradición de Puig y Jaguaribe permite formalizar: qué margen de maniobra concreto ofrece cada vínculo bilateral o multilateral disponible, y a qué costo. La decisión argentina de no integrar el BRICS ampliado puede leerse, en este marco, no como una anomalía ideológica, sino como una aplicación —consciente o no— de esa misma lógica de autonomía: la pertenencia formal a un bloque que agrupa a Estados con intereses estructuralmente contrapuestos no necesariamente amplía los márgenes de maniobra de quien se suma, y puede, en cambio, comprometerlos.

Quedan, de todos modos, preguntas abiertas que exceden el alcance de este trabajo y que constituyen una agenda de investigación pendiente. La evidencia sobre inversión extranjera directa sur-sur es, como se señaló, demasiado fragmentaria para sostener conclusiones firmes, y merecería un relevamiento sistemático con datos posteriores a 2010. Asimismo, sería valioso extender el análisis de cohesión de voto en la Asamblea General a la totalidad de las resoluciones vinculadas a la guerra de Irán de 2026, una vez que ese episodio concluya y la literatura académica pueda procesarlo con el rigor metodológico que hasta ahora solo se ha podido aplicar al caso ucraniano. Mientras tanto, la evidencia disponible es consistente en una dirección: el mundo no se organiza en torno a un eje norte-sur, sino en torno a múltiples clivajes cruzados —geopolíticos, económicos, tecnológicos y de régimen político— en los que la pertenencia retórica al sur define cada vez menos, y el interés nacional específico define cada vez más.