La disputa en el Mediterráneo Oriental, protagonizada principalmente por Grecia y Turquía, trasciende la mera competencia por hidrocarburos y la delimitación de zonas económicas exclusivas para enraizarse en estructuras históricas de larga duración. Desde una perspectiva crítica de las Relaciones Internacionales, el conflicto se comprende mediante la interacción de ideas, instituciones y capacidades materiales, donde traumas pasados, acuerdos históricos como el Tratado de Lausana y divergentes interpretaciones del derecho del mar continúan operando como residuos activos. De este modo, las tensiones por la soberanía territorial, el estatus de las islas del Egeo y su militarización no son incidentes aislados, sino manifestaciones de un orden regional aún en disputa.

A pesar de la reciente distensión diplomática y la voluntad de diálogo expresada por ambos gobiernos, las controversias estructurales persisten y se insertan en un complejo regional de seguridad mucho más amplio. La cuestión greco-turca está intrínsecamente conectada con el conflicto irresuelto en Chipre y se ve amplificada por las dinámicas geopolíticas del Levante, la inestabilidad en Libia y la competencia entre potencias externas. En este contexto interdependiente, donde la energía y las alianzas estratégicas actúan simultáneamente como factores de tensión y posibles incentivos para la negociación, el desafío principal radica en construir instituciones de cooperación que eviten la escalada hacia una crisis mayor.

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Introducción

La disciplina de las relaciones internacionales, desde su apuntado origen allá por el período de entreguerras, ha cargado con el compromiso de abordar lo internacional de manera global y dotarse del equipaje que podían aportar otras disciplinas del campo de las ciencias sociales. Sin embargo, transcurrido más de un siglo de desarrollo disciplinar, resulta necesario recuperar la historia y particularmente los enfoques desde la sociología histórica (Halliday, 2002). Porque el campo de las relaciones internacionales pertenece al campo mayor de las ciencias sociales, las perspectivas historicistas e interpretativas permiten observar aquellos conflictos que continúan operando como residuos activos.

En la ponencia de 2021 que sirve de antecedente a este artículo (Pérez Taffi, 2021), se proponía una mirada hacia atrás que permitiera hacer comprensible la situación del Mediterráneo Oriental. Tal como planteaba Robert Cox (1981; 2013, pp. 141-142), una estructura histórica representa una particular combinación de fuerzas que se expresan como pautas de pensamiento, condiciones materiales e instituciones humanas que dan lugar a prácticas sociales persistentes. Esas tres categorías no determinan las acciones de forma directa o mecánica: la interrogación sobre la dirección de las líneas de fuerza es siempre una pregunta histórica.

Asimismo, el concepto de complejo regional de seguridad de Buzan y Wæver (2003) permite examinar procesos de seguridad estrechamente interdependientes. Su aplicación al Mediterráneo Oriental complementa el enfoque de Cox al observar las conexiones regionales de esas estructuras históricas.

Por algunas razones esta región viene arrastrando conflictos irresueltos que terminan amplificándose y encadenándose con renovadas formas de enfrentamiento. La disputa entre Grecia y Turquía, la cuestión de Chipre y las controversias por la delimitación marítima no constituyen episodios aislados. Son parte de una trama en la que las experiencias históricas, los acuerdos internacionales, las alianzas y la competencia por recursos se superponen.

Esta disputa se reactivó en el año 2020, en plena pandemia de COVID-19. La escalada llevó a la OTAN a establecer, el 1 de octubre, un mecanismo bilateral para reducir el riesgo de incidentes militares entre Grecia y Turquía (Organización del Tratado del Atlántico Norte [OTAN], 2020).

1. Las motivaciones y el antes de ayer, el ayer y el hoy

Todos los 30 de agosto la República de Turquía celebra el aniversario de la victoria de Dumlupinar en 1922, enfrentando a Grecia, victoria decisiva para la independencia del país. La ocupación de Anatolia por parte de potencias extranjeras luego de finalizada la Primera Guerra Mundial impulsó a Mustafa Kemal a llevar adelante las guerras de independencia o de liberación, con el objetivo de recuperar lo que sería el hogar de los turcos. La guerra de independencia turca se desarrolló entre 1919 y 1922. El 29 de octubre de 1923 finalmente fue declarada la República de Turquía.

La batalla de Dumlupinar fue decisiva en las luchas por la independencia. El Tratado de Lausana de 1923 estableció el nuevo arreglo territorial y sustituyó al Tratado de Sèvres, que no había entrado en vigor. La memoria de ese proceso forma parte de la construcción de la soberanía turca y continúa siendo relevante para comprender la sensibilidad con que Ankara aborda las cuestiones territoriales y marítimas. Del lado griego, las memorias de Asia Menor, las islas del Egeo y la experiencia de 1974 en Chipre conforman también una dimensión histórica que acompaña las controversias actuales.

No se trata de establecer una continuidad mecánica entre 1922, 1974 y 2026. Se trata, más bien, de observar cómo determinadas representaciones del territorio, de la soberanía y del otro permanecen disponibles para ser reactivadas en coyunturas diferentes.

2. Los acuerdos sin acuerdo: instituciones, derecho del mar y energía

Desde comienzos de la década de 2000 fue incrementándose el interés por llevar a cabo tareas de prospección, exploración y eventualmente explotación ante la posibilidad de la existencia de más yacimientos de hidrocarburos bajo las aguas del Mediterráneo Oriental. Este interés se cristalizó en distintos acuerdos bilaterales entre países cuyas costas se proyectan sobre dicha zona marítima. También la presencia de poderosas compañías de energía y de potencias con capacidad de desempeño global confluyó en este mismo escenario.

La ausencia de un acuerdo conjunto sobre la delimitación marítima entre todos los países con litoral aceleró las tensiones por las diferentes interpretaciones respecto de la extensión de la plataforma continental y de las zonas económicas exclusivas. Grecia sostiene que las islas generan derechos marítimos conforme al derecho internacional del mar. Turquía, que no es parte de la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar (CONVEMAR), sostiene sus reclamos sobre la base del derecho internacional y del principio de equidad y cuestiona que determinadas islas cercanas a su costa puedan producir efectos que restrinjan de manera desproporcionada su proyección marítima (Ministerio de Asuntos Exteriores de Turquía, s. f.).

La isla de Meis (Kastellorizo) se transformó en un punto central de la discusión. Su proximidad a la costa turca y su pertenencia a Grecia concentran una controversia más amplia sobre el papel de las islas, Creta y Rodas. Lo que parece un tema actual había ubicado ya a Grecia y Turquía en posiciones opuestas durante la III Conferencia de Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar (Gómez-Robledo Verduzco, 1998). Este autor explica que la equidistancia puede ajustarse según las circunstancias del caso para alcanzar una solución equitativa. En la interpretación aquí propuesta, la diferencia entre equidistancia y equidad continúa siendo, en este sentido, una expresión jurídica de una disputa política y geopolítica más profunda.

Grecia y Turquía mantienen posiciones contrapuestas sobre la delimitación marítima. Turquía volvió a presentar ante Naciones Unidas comunicaciones relativas a sus derechos sobre la plataforma continental y a sus objeciones a determinadas delimitaciones (Representación Permanente de Turquía ante las Naciones Unidas, 2026). Grecia, por su parte, mantiene su rechazo a las pretensiones marítimas turco-libias y sostiene la vigencia de los derechos que atribuye a sus islas.

Al mismo tiempo, el mapa institucional del Mediterráneo Oriental continúa transformándose. En febrero de 2026 entró en vigor el acuerdo de delimitación de la ZEE entre Chipre y Líbano, registrado ante Naciones Unidas (Naciones Unidas, 2026a). La proliferación de acuerdos bilaterales muestra precisamente el problema: los acuerdos pueden ordenar parcialmente el espacio marítimo, pero también producen nuevas superposiciones cuando no existe una arquitectura regional común.

3. Grecia y Turquía: distensión y conflicto

La evolución posterior a 2021 introduce un elemento que obliga a matizar el diagnóstico de escalada permanente. Después de la declaración de amistad y buena vecindad de 2023, Atenas y Ankara recuperaron mecanismos de diálogo. En febrero de 2026, Recep Tayyip Erdoğan y Kyriakos Mitsotakis mantuvieron conversaciones en Ankara y expresaron su voluntad de resolver los diferendos marítimos mediante diálogo, diplomacia y derecho internacional (Reuters, 2026b).

Pero la distensión no significa resolución. En enero de 2026 Grecia volvió a plantear la posibilidad de ampliar sus aguas territoriales, mientras Turquía mantiene su conocida oposición a una extensión unilateral griega más allá de seis millas en el Egeo. La declaración del Parlamento turco de 1995 continúa formando parte del trasfondo político de la controversia. Grecia sostiene que la delimitación de las zonas marítimas constituye la cuestión central que debe ser discutida; Turquía mantiene una concepción más amplia de los asuntos pendientes (Reuters, 2026a).

En agosto de 2026 las tensiones reaparecieron alrededor de la creación por parte de Turquía de parques marinos en el Egeo nororiental y el Mediterráneo. Grecia cuestionó las áreas anunciadas por Ankara porque algunas se superponen con espacios que Atenas considera propios o con zonas sobre las cuales reivindica derechos marítimos. El episodio resulta significativo porque demuestra que la competencia ya no se expresa exclusivamente mediante exploraciones de hidrocarburos: la conservación marina, la investigación, la planificación espacial y la infraestructura también pueden adquirir una dimensión geopolítica (Le Monde, 2026).

3.1. La militarización de las islas: acuerdos, interpretaciones y capacidades materiales

A esta trama de controversias debe incorporarse necesariamente la cuestión de la militarización de las islas griegas del Egeo, reclamo que Turquía sostiene de manera reiterada y que Grecia rechaza. No se trata de una cuestión exclusivamente militar: el debate se encuentra estrechamente vinculado con los instrumentos internacionales que configuraron el orden territorial y de seguridad del Egeo durante el siglo XX. Por ello, constituye otro de los residuos activos que permiten observar cómo las instituciones construidas históricamente continúan operando sobre las capacidades materiales del presente.

El primer instrumento central es el Tratado de Lausana de 1923. Sus artículos 12 y 13 reconocieron la soberanía griega sobre determinadas islas del Egeo y establecieron restricciones militares específicas para Mytilene (Lesbos), Chios, Samos e Ikaria. El artículo 13 dispone que no se establezcan bases navales ni fortificaciones y limita las fuerzas militares presentes en esas islas (Ministerio de Asuntos Exteriores de Turquía, 1923). Turquía sostiene que estas disposiciones continúan vigentes y forman parte del equilibrio de seguridad establecido por Lausana. Esta interpretación aparece expresamente en la posición oficial turca sobre las controversias del Egeo (Ministerio de Asuntos Exteriores de Turquía, s. f.).

El caso de Lemnos y Samotracia introduce una segunda dimensión jurídica. El régimen de los Estrechos establecido en 1923 incluía restricciones para esas islas, situadas frente a los Dardanelos. La Convención de Montreux de 1936 sustituyó el régimen de los Estrechos de Lausana. Grecia sostiene que, como consecuencia de ese reemplazo, las restricciones de desmilitarización aplicables a Lemnos y Samotracia dejaron de tener el mismo alcance; Turquía sostiene, por el contrario, que Montreux no modificó el estatuto desmilitarizado de las islas. La propia documentación de Naciones Unidas confirma que Grecia y Turquía son partes de la Convención de Montreux, vigente desde 1936, mientras que las interpretaciones de sus efectos sobre las islas continúan siendo divergentes (Sociedad de Naciones, 1937; Ministerio de Asuntos Exteriores de Turquía, s. f.; Ministerio de Asuntos Exteriores de Grecia, 2024).

Un tercer instrumento es el Tratado de Paz de París de 1947, por el cual Italia cedió a Grecia el Dodecaneso. El artículo 14 estableció que esas islas debían permanecer desmilitarizadas. Turquía incorpora este tratado a su argumentación para sostener que el Dodecaneso, incluido Meis (Kastellorizo), está sujeto a un régimen de desmilitarización. Grecia responde que Turquía no es parte del Tratado de París de 1947 y cuestiona, por tanto, que Ankara pueda invocar ese instrumento como fuente de obligaciones frente a Grecia. Esta diferencia constituye uno de los puntos jurídicos centrales de la controversia (Naciones Unidas, 1950; Ministerio de Asuntos Exteriores de Turquía, s. f.; Ministerio de Asuntos Exteriores de Grecia, 2024).

La posición griega no consiste en negar la existencia de instrumentos que establecieron determinadas restricciones, sino en interpretar de manera diferente su alcance, vigencia y efectos sobre su soberanía y su capacidad defensiva. El Ministerio de Relaciones Exteriores griego sostiene que el régimen de las islas del Egeo oriental debe analizarse a la luz de Lausana, Montreux y París, y reivindica la capacidad defensiva de Grecia. Turquía, por su parte, sostiene que las islas del Egeo oriental y el Dodecaneso están sometidos a un régimen permanente de desmilitarización y que la militarización contraviene las obligaciones internacionales asumidas por Grecia (Ministerio de Asuntos Exteriores de Grecia, 2024; Ministerio de Asuntos Exteriores de Turquía, s. f.).

La controversia adquiere así una dimensión que excede la discusión estrictamente jurídica. Para Ankara, la presencia militar griega en islas situadas frente a la costa anatolia modifica el equilibrio estratégico que los acuerdos internacionales pretendieron establecer. Para Atenas, las capacidades defensivas de las islas se inscriben en las condiciones contemporáneas de seguridad y en la necesidad de responder a un entorno regional caracterizado por conflictos y tensiones. La militarización pasa entonces a formar parte de las capacidades materiales que, en la perspectiva de Cox (2013), interactúan con las ideas y las instituciones y contribuyen a reproducir una determinada estructura histórica.

La importancia de esta cuestión para el presente se observa también en la relación con los demás diferendos. La discusión sobre la militarización de las islas se superpone con las aguas territoriales, la plataforma continental, las ZEE, el espacio aéreo y la delimitación marítima. En agosto de 2026, por ejemplo, la creación de parques marinos turcos en el Egeo nororiental y el Mediterráneo volvió a poner en primer plano la disputa sobre los espacios marítimos y mostró que, aun después de años de relativa distensión, las controversias pueden reactivarse a partir de iniciativas que combinan dimensiones jurídicas, ambientales, territoriales y estratégicas (Le Monde, 2026).

La paradoja es evidente: mientras existen canales de diálogo, persisten acciones unilaterales y discursos que mantienen abierta la controversia. Esto no permite afirmar que la relación avance inevitablemente hacia la confrontación, pero tampoco permite considerar resuelto el conflicto. Por el momento, lejos de ello.

4. La situación de Chipre: el pasado contraataca

La isla de Chipre fue parte del Imperio otomano. En 1878 su administración pasó al Imperio británico y, después de la Primera Guerra Mundial, Gran Bretaña consolidó su control. La independencia de 1960 estuvo acompañada por una compleja arquitectura de garantías y por las diferencias entre las comunidades grecochipriota y turcochipriota. La crisis política, los enfrentamientos intercomunitarios y finalmente el golpe de Estado de 1974, apoyado por la junta militar griega, precipitaron la intervención militar turca y la división de la isla.

La República de Chipre es la entidad reconocida internacionalmente y miembro de la Unión Europea desde el 1 de mayo de 2004 (Unión Europea, s. f.), mientras que la República Turca del Norte de Chipre, proclamada en 1983, solo es reconocida por Turquía. Durante décadas se llevaron adelante conversaciones para resolver la disputa, pero todas ellas fracasaron. El problema quedó nuevamente abierto después del fracaso de las negociaciones de Crans-Montana en 2017.

En 2025, con continuidad en 2026, Naciones Unidas volvió a impulsar contactos entre las partes (Naciones Unidas, 2025, 2026b). La reactivación de la diplomacia alrededor de Chipre resulta particularmente importante porque la cuestión insular continúa conectada con las delimitaciones marítimas y con los derechos sobre los recursos energéticos. No se trata solamente de un conflicto territorial congelado: las decisiones de la República de Chipre sobre acuerdos marítimos son cuestionadas por Turquía en nombre de los derechos de los turcochipriotas.

De este modo, el supuesto central sobre las posibilidades de un acuerdo en el Mediterráneo Oriental está vinculado a la evolución del conflicto en la isla. La cuestión chipriota continúa funcionando como uno de los nudos donde convergen soberanía, derecho internacional, seguridad, energía y competencia regional.

5. La amplificación del mismo conflicto una y otra vez: de Libia al Levante

La situación del Mediterráneo Oriental comenzó a entremezclarse con el escenario más amplio y complejo de Medio Oriente. La presencia de Turquía en Libia y el conflicto con las fuerzas de Haftar constituían una muestra de esa expansión. El acuerdo marítimo turco-libio de 2019 convirtió a Libia en una pieza fundamental de la disputa con Grecia, al proyectar una línea de delimitación que Ankara considera legítima y Atenas rechaza.

En 2026, la conexión regional es aún más visible. La guerra de Ucrania modificó el valor estratégico del Mar Negro, de los estrechos turcos y de las capacidades navales de los Estados de la región. Turquía continúa ocupando una posición singular dentro de la OTAN, manteniendo relaciones simultáneas con Rusia, Ucrania, Estados Unidos y los países europeos. La seguridad del Mar Negro y la seguridad del Mediterráneo Oriental dejaron de ser escenarios completamente separados.

La guerra y las crisis del Levante agregan otra dimensión. Gaza, Líbano, Siria e Irán repercuten sobre las rutas marítimas, la energía, la presencia militar y las alianzas regionales. Grecia profundizó en 2026 su cooperación estratégica con Israel, incluida la firma de un acuerdo de defensa de gran magnitud para desarrollar un sistema de defensa aérea (Mednick y Gatopoulos, 2026). Desde esta perspectiva, Israel, por su parte, mantiene una relación crecientemente conflictiva con Turquía, especialmente alrededor de Gaza y Siria.

Esta situación no significa que todos los conflictos respondan a una misma causa. Precisamente lo contrario: son conflictos diferentes que se conectan porque comparten espacios, actores, recursos, alianzas y capacidades. La región funciona como un complejo regional de seguridad: una transformación en uno de sus escenarios modifica las percepciones y los cálculos de los demás.

Siria constituye otro punto de conexión. La posición de Turquía respecto del futuro sirio, su relación con actores locales y la presencia de Israel, Estados Unidos y otros actores proyectan la competencia hacia el Mediterráneo. Libia, Siria y Chipre aparecen así como espacios diferentes, pero conectados por la geografía estratégica turca y por las rutas marítimas y energéticas.

La pertenencia de Grecia y Turquía a la OTAN agrega un doble nivel. Por un lado, la alianza constituye un factor moderador y un canal institucional que reduce los incentivos para un enfrentamiento abierto entre dos miembros. Por otro lado, la pertenencia común no elimina los intereses nacionales ni las disputas territoriales. El resultado es una relación simultáneamente cooperativa y conflictiva.

6. Las terceras partes: viejos conocidos

La intervención de potencias externas continúa siendo decisiva. La Unión Europea debe gestionar simultáneamente su relación con Grecia y Chipre, ambos miembros, y su compleja relación con Turquía. Estados Unidos mantiene a Turquía como aliado estratégico dentro de la OTAN y, al mismo tiempo, desarrolla vínculos estrechos con Grecia, Israel y otros actores del Mediterráneo Oriental.

La cuestión energética agrega intereses empresariales y estatales. Los recursos de gas del Mediterráneo Oriental no son solamente una posibilidad económica: forman parte de una discusión sobre seguridad energética, corredores de transporte y capacidad de negociación con Europa. Por ello, la delimitación marítima se convierte en un problema que excede la relación bilateral.

Las nuevas guerras y crisis amplifican esta dimensión. La guerra de Ucrania reforzó la centralidad de Turquía para la seguridad europea; las crisis del Levante incrementaron la importancia de Israel, Egipto, Chipre y Grecia, y la inestabilidad de Libia continúa proyectándose sobre las rutas del Mediterráneo. Cada actor externo llega al escenario con una agenda diferente, pero sus decisiones modifican las capacidades materiales de los actores regionales.

Conclusiones

Las ideas, las instituciones y las capacidades materiales se entrecruzan en un escenario que pareciera solo vincularse con la disputa por la extensión de las ZEE que se superponen y que las partes reclaman como legítimas. En efecto, si algo incita a simplificar el conflicto, podríamos apuntar que este involucra aspectos que podrían resolverse apelando a un tribunal que, aplicando el derecho, termine por definir qué es lo que legalmente le corresponde a cada parte. Sin embargo, si observamos las trayectorias históricas en la región y, en particular, cómo se construyeron y articularon las relaciones entre Grecia y Turquía y entre Turquía y Europa Occidental, podemos develar otros componentes.

La cuestión central no es solamente quién posee determinado espacio marítimo. Es también qué tipo de orden regional puede construirse alrededor de él. La actualidad muestra que la relación greco-turca puede combinar diálogo y cooperación con desacuerdos persistentes. Las conversaciones de febrero de 2026 muestran la existencia de un canal político; las controversias sobre aguas territoriales, parques marinos y delimitaciones muestran que los problemas estructurales permanecen abiertos (Le Monde, 2026; Reuters, 2026b).

La cuestión de Chipre vuelve a ofrecer una oportunidad para observar esa complejidad. La reactivación de los contactos auspiciados por Naciones Unidas no equivale a una solución, pero permite recuperar una dimensión diplomática que durante años estuvo bloqueada. Si el conflicto marítimo se aborda sin considerar Chipre, se corre el riesgo de tratar solo una de sus manifestaciones. Si, en cambio, se reconoce la conexión entre ambos problemas, pueden aparecer posibilidades institucionales diferentes.

El desafío consiste en transformar la interdependencia —hoy frecuentemente securitizada— en una base para instituciones de cooperación que permitan administrar las controversias sin convertir cada desacuerdo en una crisis regional. La energía puede ser una fuente de competencia, pero también un incentivo para negociar. La pertenencia a la OTAN puede moderar el conflicto, pero no sustituye el diálogo bilateral. La Unión Europea puede ofrecer marcos institucionales, pero tampoco puede resolver por sí sola una disputa cuya trayectoria histórica excede ampliamente a la integración europea.

Porque, naturalmente, el pasado, de manera inexorable, vuelve a revivir a través de responsabilidades no asumidas. Pero el pasado no determina el futuro. La historia puede ser una estructura que reproduce el conflicto o puede convertirse en conocimiento para transformarlo. Allí reside, desde una perspectiva crítica de las relaciones internacionales, la pregunta que permanece abierta.