Tras las protestas de 2024 que derrocaron a Sheikh Hasina, las elecciones de transición en Bangladesh de 2026 devolvieron el poder a una fuerza política tradicional, otorgándole al Bangladesh Nationalist Party (BNP) una amplia mayoría parlamentaria. En contraste, las fuerzas políticas surgidas de las movilizaciones ciudadanas, aglutinadas en el National Citizen Party (NCP), lograron una representación mínima debido a sus limitaciones organizativas. Sin embargo, este retorno al orden partidista clásico coexiste con un contundente mandato popular de cambio, evidenciado por el respaldo del 68 % del electorado en referéndum a las reformas del July National Charter. Este paquete institucional, impulsado por el gobierno interino, busca desmantelar la concentración de poder mediante medidas como la creación de una cámara alta, un límite de diez años para el cargo de primer ministro y el fortalecimiento de la independencia judicial.

A pesar del claro mandato ciudadano, la implementación del Charter se encuentra estancada debido a disputas procedimentales y a la inacción bajo la nueva administración del BNP. Mientras el marco de reformas establecía la creación de un Consejo de Reforma Constitucional independiente con plenos poderes, el gobierno ha insistido en canalizar los cambios a través de comisiones parlamentarias ordinarias, lo que provocó el rechazo y boicot de la oposición. Para julio de 2026, la inmensa mayoría de las iniciativas permanecían pendientes, incluidas disposiciones básicas de transparencia administrativa que ni siquiera requerían enmiendas constitucionales. El éxito y la profundidad de la transición democrática en Bangladesh dependen ahora de si el gobierno logrará consolidar estos contrapesos institucionales duraderos o si terminará subordinando la agenda reformista a las mismas prácticas partidistas tradicionales que originaron la crisis política.

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Dieciocho meses después de que las protestas de 2024 provocaran la caída del Gobierno de Sheikh Hasina, las primeras elecciones de la transición devolvieron el Gobierno a una fuerza tradicional. El Bangladesh Nationalist Party (BNP) obtuvo 209 de los 300 escaños parlamentarios, mientras que el National Citizen Party (NCP), formado por dirigentes de aquellas movilizaciones, consiguió apenas seis (International Crisis Group [ICG], 2026, p. 2). Al mismo tiempo, el electorado respaldó en referéndum las reformas del July National Charter, orientadas a limitar la concentración del poder y fortalecer los contrapesos institucionales, con cerca del 68 % de los votos válidos a favor (ICG, 2026, pp. 4, 14). La transición entró así en una nueva fase, en la que el retorno del BNP al Gobierno coexiste con un mandato popular para modificar las reglas del ejercicio del poder.

Según la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ACNUDH, 2025, pp. i, iv), el detonante inmediato de las protestas de 2024 fue la restitución de una cuota del 30 % de los empleos públicos para descendientes de combatientes de la independencia. Sin embargo, el descontento también respondía a problemas de corrupción, desigualdad económica, politización de las instituciones de seguridad y justicia e impunidad. El organismo estima, además, que hasta 1400 personas pudieron haber muerto durante las protestas y encontró motivos razonables para creer que hubo cientos de ejecuciones extrajudiciales, además de detenciones arbitrarias y torturas. La respuesta letal de las fuerzas de seguridad y activistas oficialistas transformó el alcance de las protestas, que pasaron de cuestionar el sistema de cuotas a exigir la salida del Gobierno (Roy et al., 2026, p. 2). La caída de Hasina respondió a la exigencia inmediata de las movilizaciones, pero dejó pendiente cómo revertir la concentración del poder, la politización estatal y la debilidad de los contrapesos institucionales.

El Gobierno interino de Muhammad Yunus, establecido tras la huida de Hasina a India el 5 de agosto de 2024, posicionó la reforma institucional entre sus prioridades (ICG, 2026, p. 4). Para ello, creó en octubre de ese año seis comisiones para revisar la Constitución, el sistema electoral, la justicia, la administración pública, la policía y los mecanismos anticorrupción. La Comisión Nacional de Consenso discutió esas propuestas con 33 partidos y alianzas políticas, y de ese proceso surgió el July National Charter, con 84 recomendaciones (National Consensus Commission, 2025, pp. 3-5). Las propuestas incluían la creación de una cámara alta con participación en las reformas constitucionales, un límite de diez años en el cargo de primer ministro y medidas para fortalecer la independencia judicial y otros contrapesos institucionales (People 's Republic of Bangladesh, 2025, pp. 4-6). Aun así, varias de esas disposiciones quedaron sujetas a reservas y disensos (ICG, 2026, p. 4).

En noviembre de 2025, la July National Charter (Constitutional Reform) Implementation Order definió cómo implementar las reformas constitucionales en caso de obtener el respaldo popular. La aprobación en referéndum debía dar paso a ese mecanismo. Los diputados electos integrarían, además, un Consejo de Reforma Constitucional, que debía celebrar su primera sesión en los 30 días siguientes a la declaración de los resultados y dispondría de 180 días laborables para completar las reformas. Dichas reformas aprobadas por el Consejo serían definitivas y no requerirían ratificación posterior (People 's Republic of Bangladesh, 2025, pp. 6-9). El resultado dejó al nuevo Parlamento ante la doble tarea de gobernar y avanzar en las reformas destinadas a limitar el poder que acababa de recibir. 

Además de la reforma institucional, el Gobierno interino tenía entre sus prioridades celebrar elecciones libres y justas, y asegurar una transferencia ordenada del poder (ICG, 2026, p. 4). Durante la transición, se reformó la legislación electoral y se conformó una nueva Comisión Electoral que buscó recuperar la confianza pública. La Misión de Observación Electoral de la Unión Europea (European Union Election Observation Mission, 2026) concluyó que “por primera vez desde 2008, las elecciones fueron genuinamente competitivas y las libertades fundamentales fueron ampliamente respetadas” (p. 7, traducción propia). No obstante, el informe señaló que la Awami League (AL), que gobernó hasta 2024, tenía prohibidas sus actividades y su registro suspendido desde mayo de 2025, lo que generó cuestionamientos sobre la inclusión electoral (pp. 10-13). 

La recuperación de la competencia electoral puso a prueba la capacidad de las fuerzas surgidas de las movilizaciones de 2024 para trasladar ese impulso al terreno partidista. Roy et al. (2026, pp. 4-7) señalan que, durante las protestas, convergieron redes de estudiantes, trabajadores, profesionales, pequeños comerciantes y miembros de diversos partidos frente a un adversario común. Esa diversidad permitió articular una movilización capaz de desestabilizar al Gobierno, pero no de construir con la misma facilidad una alternativa política organizada. Los partidos tradicionales, en cambio, conservaron ventajas organizativas y territoriales. El NCP llegó a las elecciones con recursos limitados y debilidades organizativas, mientras su alianza con Jamaat-e-Islami resultó controvertida (Roy et al., 2026, pp. 6-7; ICG, 2026, p. 2).

Con el BNP en el gobierno, el foco se desplazó de la competencia electoral a la implementación del Charter. Aunque el referéndum debía dar paso a la creación de un Consejo de Reforma Constitucional (People 's Republic of Bangladesh, 2025, pp. 6-7), el Gobierno del BNP sostuvo que las reformas debían tramitarse en el Parlamento mediante el procedimiento ordinario de enmienda constitucional. Para ello, propuso una comisión parlamentaria especial de 17 miembros. Jamaat-e-Islami, segunda fuerza parlamentaria con 68 escaños, y el NCP rechazaron esa vía, defendieron la conformación del Consejo y se negaron a incorporarse a la comisión propuesta por el Gobierno, al considerar que no respondía al mandato de las urnas. Hasta julio de 2026, último mes analizado por Reform Watch, el desacuerdo persistía pese a varios intentos de negociación (Centre for Governance Studies [CGS], 2026, pp. 9, 19-20).

A finales de julio de 2026, Reform Watch no registraba ninguna disposición plenamente adoptada conforme al procedimiento y contenido previstos en el Charter. De 114 ítems evaluados, 81 seguían pendientes, 17 habían sido adoptados parcialmente, nueve estaban en curso y siete habían sido descartados. La actividad registrada en torno a estos ítems se concentraba principalmente en los ámbitos constitucional, legislativo y judicial, mientras la administración pública y el Gobierno local no registraban movimiento (CGS, 2026, pp. 7-8). 

El problema no se limitaba a la disputa sobre el procedimiento constitucional. También había pocos avances en medidas que podían implementarse sin reformar la Constitución. De los 81 ítems pendientes, 34 no presentaban una barrera estructural o procedimental identificada, pero tampoco registraban iniciativas gubernamentales para su implementación (CGS, 2026, p. 48). La transparencia del financiamiento electoral, la declaración de activos de los representantes públicos y la automatización de servicios, que podían avanzar mediante legislación ordinaria o acción ejecutiva, seguían pendientes. A ello se sumaba que CGS clasificó siete disposiciones como descartadas, entre ellas las relacionadas con nombramientos judiciales, la Secretaría de la Corte Suprema, una comisión independiente de supervisión policial y los nombramientos de la Comisión Anticorrupción (CGS, 2026, pp. 7-8). 

Una encuesta nacional del International Republican Institute (IRI), realizada entre mayo y junio de 2026 a 5000 adultos de los 64 distritos, con una muestra representativa de la población en edad de votar, situó entre las principales prioridades ciudadanas el fortalecimiento de los mecanismos anticorrupción, el Estado de derecho y la independencia judicial, y las reformas de gobernanza y políticas (IRI, 2026, pp. 2, 43). Entre los 1553 entrevistados que conocían al menos parte del Charter, el 59 % consideraba que su implementación avanzaba con demasiada lentitud, aunque el 56 % se mantenía optimista sobre la capacidad del Gobierno para implementar esas reformas (IRI, 2026, pp. 45-46). 

Esa combinación de expectativas favorables e impaciencia refleja el punto en que se encuentra la transición. Las elecciones de 2026 resolvieron la sucesión del poder, pero dejaron abierto el problema político planteado por la movilización de 2024. El reto era evitar que la alternancia reprodujera las condiciones institucionales que habían favorecido la concentración del poder. Hasta julio de 2026, la implementación del Charter seguía marcada por avances parciales, retrasos y desacuerdos sobre el mecanismo constitucional previsto (CGS, 2026, pp. 7-9, 19-20). La transición entra así en una fase distinta: su profundidad dependerá de si el nuevo Gobierno convierte ese mandato reformista en contrapesos institucionales duraderos o si las reformas terminan subordinadas a las prácticas y equilibrios de la política partidista que la movilización de 2024 puso en cuestión.